El tercero: el Gobierno

El PP ha dado por roto el acuerdo alcanzado a mediados de enero entre Zapatero y Rajoy para consensuar las reformas de la Constitución y los estatutos. Rajoy ha invocado públicamente dos motivos: que la agenda de temas propuesta por el PSOE no incluye los acordados en aquella entrevista (reforma constitucional y reformas estatutarias) y que considera de pefil bajo la representación socialista. La primera queja es insostenible a la luz de la carta remitida por el secretario de organización del PSOE. Y si lo que está en juego es tan importante, romper el acuerdo por la segunda, objetivamente secundaria, resulta incoherente. Sin embargo, precisamente porque el asunto importa mucho, también el Gobierno debe implicarse más para evitar la ruptura. Y tal vez no sea demasiado tarde para ello.

El acuerdo Zapatero-Rajoy fue acogido con satisfacción (y alivio) por la opinión pública, según revelaron las encuestas; el desafío soberanista de Ibarretxe, de un lado, y las actitudes arrogantes de determinados dirigentes de ERC de otro, habían suscitado inquietud y cierta irritación. El pacto se consideró una alternativa realista. En el caso de la reforma constitucional es imprescindible; en el de las reformas estatutarias es "absolutamente conveniente", según declaró la vicepresidenta, Fernández de la Vega.

Lo importante del acuerdo era, del lado del PP, que dejaba de oponerse a cualquier reforma de los estatutos y aceptaba participar en su debate; del lado socialista, que su voluntad de consenso en los parlamentos autonómicos incluiría al PP, aunque su concurso no fuera aritméticamente imprescindible. La resultante debería ser una garantía de que las reformas no rompen los límites constitucionales y son coherentes con la lógica del Estado autonómico; pero también que no habría vetos del PP a las reformas constitucionales.

Seguramente hay en ambos partidos sectores más y menos favorables al consenso. Los menos favorables dentro del PP advirtieron de inmediato que un perfil político bajo de la comisión demostraría la falta de voluntad de acuerdo de los socialistas, por sus compromisos con los socios nacionalistas. No sería lógico suponer que el acuerdo con Rajoy obligaba a Zapatero a cambiar su política de alianzas. Se trata de algo más sutil, que en todo caso no depende del nivel de los interlocutores.

Pero el pacto no sólo es entre partidos; también compromete al Gobierno. ¿No sería responsabilidad suya intervenir para recuperar la sintonía que al parecer desea la mayoría de los españoles?