Visto para sentencia el juicio por el 'caso Promocisa'

El juicio por el caso Promocisa (la supuesta estafa inmobiliaria que afectó hace casi 30 años a cerca de 2.000 familias) quedó ayer visto para sentencia. El juicio comenzó en mayo de 2004 y por la Audiencia de Madrid, la Sección Séptima, han desfilado desde entonces un total de 738 afectados, de las más de 2.000 citaciones enviadas por el tribunal. Muchos afectados han muerto o no han sido localizados.

El fiscal ha modificado las conclusiones iniciales (se pedían en torno a siete años de cárcel para cada procesado) y al término de la vista, ayer, pidió penas de entre uno y tres años para los cuatro acusados. Además, ha pedido que los afectados sean indemnizados, aunque las cuantías se precisarán, en caso de que el tribunal así lo estime, cuando se ejecute la sentencia.

Los acusados son Josefa Polo Santamarina (que hoy tiene algo más de 80 años de edad), Luis Constantino Jiménez Redondo, Luis Bejar Montalvo y José Arias González. La responsabilidad civil, según el fiscal, correrá por cuenta de Promocisa y de Construcciones Residenciales, SA, así como del antiguo Banco Central, quien, según el ministerio público, debe indemnizar a los adquirentes de casas del actual del bloque 13 del parque de Estoril II.

Promocisa proyectó las casas (que finalmente fueron levantadas, pero después de que los afectados tuvieran que pagarlas casi al doble del precio inicial) en las urbanizaciones Parque de La Coruña, de Collado Villalba; Parque de Estoril II y Parque de Estoril III, en Móstoles, y en el Parque de Cataluña, en Torrejón.

Dilaciones indebidas

El fiscal ha reducido sensiblemente su petición de penas por el largo tiempo transcurrido entre el inicio del proceso judicial (los afectados interpusieron la querella en 1981) y el comienzo de la vista, en mayo del año pasado, 23 años. Entiende que cabe reducirlas por "dilaciones indebidas". La acusación particular en este proceso, la aseguradora Minerva, se adhirió a las conclusiones del fiscal.

El caso Promocisa afectó a más de 2.000 familias que adelantaron entre dos y tres millones de pesetas de las entonces por la compra de una vivienda. Pero Promocisa, en lugar de levantar las casas, invirtió el dinero de las letras en suelo y en pagar a proveedores, pero no puso ladrillos. Al ver los afectados que Promocisa no hacía las casas dejaron de pagar las letras o exigieron la devolución del dinero y la constructora fue a la quiebra. En suelo llegó a tener un patrimonio valorado en 2.000 millones de pesetas de las de entonces, pero casi ningún dinero líquido.

Cuando saltó el escándalo e intervino el Gobierno central, Promocisa cedió los terrenos a la cooperativa que crearon los damnificados para que éstos levantaran las viviendas. Muchos tuvieron que volver a hipotecarse para conseguir el dinero que les faltaba.