El fiscal de Urbanismo denuncia que se incumple por sistema la Ley del Suelo

"El ilícito urbanístico por excelencia en la Comunidad de Madrid es la elusión de la obligación [legal] de construir un porcentaje de viviendas de precio tasado". Así lo indica el fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, en un informe que elevó en julio de 2004 al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y en el que le detalla las "tramas e irregularidades urbanísticas" que, a su juicio, existen en grandes y pequeños municipios de esta Comunidad. Una de las irregularidades es que algunos ayuntamientos, como el de Majadahonda, eluden hacer casas sociales.

En ese informe, el fiscal Valerio explica su gestión al frente de la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid y habla de municipios como Majadahonda, Alcorcón o Brunete, en los que ha constatado, en etapas precedentes, incumplimientos "de la ley estatal y autonómica" en lo que respecta a la obligación de levantar un 50% de casas sociales en todo proceso de urbanización.

Valerio señala que el precio de las viviendas libres en Madrid es entre "un 40% y un 60% superior" a las de precio tasado y que la carestía de casas sociales se debe en parte al incumplimiento de la ley debido a connivencias "entre constructores y responsables municipales". "Una parte de los promotores de viviendas de Madrid (...) se niegan, con el concurso de algunos ayuntamientos, a la construcción y puesta en el mercado del número obligatorio de viviendas sociales".

Para eludir esa obligación legal, se emplean las siguientes argucias, según Valerio: a) dado que es obligatorio levantar las viviendas de precio libre y las tasadas a la vez, se empiezan construyendo las de precio libre y se permutan solares con el compromiso de hacer en ellos, en un plazo sin definir -y en contra de lo que dice la ley- las de precio tasado; b) el constructor paga al Ayuntamiento para que éste le exima de esa obligación y transfiera la misma "a futuras" promociones, y c) se hace un plan general y en él se pone una cláusula en la que se libera a determinados solares de la obligación de tener casas sociales".

Majadahonda

"Tal cláusula es imposible", se señala en el informe, "y constituye una violación flagrante de la ley y de la obligatoriedad de los planes urbanísticos". Así ha ocurrido, según el fiscal, en ayuntamientos "como Alcorcón, Brunete o Majadahonda...". Ya entonces el fiscal aludía en su informe a Majadahonda, donde el PSOE ha destapado ahora presuntas irregularidades en la gestión del suelo que han salpicado a Ricardo Romero de Tejada, ex presidente del PP de Madrid y ex alcalde de Majadahonda, y al actual regidor de este municipio, Narciso de Foxá.

Valerio alude también a la supuesta trama urbanística de Alcorcón, con la que se vinculó la crisis que llevó a dos diputados socialistas a dejar en manos del PP, tras unas nuevas elecciones, las riendas del Gobierno de Madrid. Valerio destaca que hay "una vinculación transversal" entre lo ocurrido en Alcorcón e irregularidades localizadas en otros ocho municipios (Sevilla la Nueva, Humanes, Villamanta y Arroyomolinos, entre otros).

En su voluminoso escrito, el fiscal de Urbanismo de Madrid pedía a Conde-Pumpido medios y refuerzos para luchar contra "la corrupción urbanística" que, según él, se localiza básicamente en zonas de "Madrid, Levante y la Costa del Sol". "El enorme crecimiento de la burbuja inmobiliaria", explicaba, "la ausencia de correlación oferta-demanda y la incapacidad de la Agencia Tributaria para acreditar o investigar las plusvalías están generando un reducto de opacidad con consecuencias negativas para todos". Señalaba que es necesario una mayor coordinación entre los fiscales que persiguen estos ilícitos y la Agencia Tributaria para combatir "la pirámide de la corrupción urbanística que se asienta sobre la base de un cúmulo de numerosas irregularidades y de un conjunto de prácticas municipales y autonómicas viciosas a plena vista de los ciudadanos".

"Tensiones explosivas"

Según Valerio, las irregularidades en Madrid se derivan de "las tensiones en torno al suelo", que son "explosivas", mientras en Barcelona, cuyo suelo, según él, está saturado por la eclosión "industrial de los años sesenta y setenta", predominan los delitos "ambientales, vertidos o emisiones industriales, y el contrabando de especies protegidas".

En las conclusiones del informe se apuesta por unificar criterios de sanción penal en todo el Estado español para afrontar "la concesión de licencias de construcción, urbanización o parcelación con informes técnicos o jurídicos desfavorables", y se insiste en la necesidad de emitir una circular para que "se precinte toda construcción que carezca de licencia". Además, postula instar a la Administración para que "paralice" las obras que atenten contra el urbanismo o sean contrarias a la ley. El fiscal pide más medios y coordinación porque en Madrid "cada vez son más frecuentes las tramas de corrupción urbanística con operaciones financieras que se realizan en el exterior (tres supuestos casos en los años 2003-2004) e igualmente vinculadas al tráfico de sustancias tóxicas y el lavado de dinero negro".