La Sindicatura declara no reglamentario un crédito del Instituto de Finanzas para construir parroquias

La Sindicatura de Comptes, en su informe de auditoría de las cuentas de la Generalitat de 2003, refleja que un préstamo de seis millones de euros concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat a la Iglesia para la construcción de seis templos en solares cedidos al arzobispado por el Ayuntamiento de Valencia "no se atiene a los plazos de concesión ni a las finalidades previstas en el reglamento [del IVF]", aprobado en 1992 y por el que se regulan las características y condiciones en la concesión de préstamos.

Según el órgano auditor, "esta operación es una de las operaciones formalizadas en 2003 con una entidad privada por un importe global de seis millones de euros para la construcción de seis centros [parroquias]". Ni el destino de estos préstamos ni el plazo de amortización, establecido en 23 años, "se incluye entre los previstos en la normativa que regula el Instituto de Finanzas". El plazo máximo de amortización es de 15 años.

En enero de 2000, el Ayuntamiento de Valencia firmó un convenio con el Arzobispado de Valencia por el que este último hacía una permuta del solar arqueológico de L'Almoina por varias parcelas para su uso religioso por un periodo de 75 años, al final del cual el suelo público debía devolverse a la ciudad.

Dos años después del acuerdo, el banco público de la Generalitat autorizó un préstamo de seis millones de euros -unos 1.000 millones de las antiguas pesetas- al Arzobispado para la edificación de seis centros parroquiales en Valencia, la mayoría de ellos proyectados sobre los solares cedidos por el Consistorio valenciano. Según informaba en su día el expediente, la entidad eclesiástica se acogió a una línea de créditos blandos para favorecer la inversión en activos fijos de las empresas valencianas, con un plazo de devolución de 23 años. Esta operación recibió el visto bueno de la comisión de inversiones del Instituto de Finanzas a finales de 2002, cinco meses antes de las elecciones autonómicas.

En julio de 2003, el IVF advirtió al arzobispado que o firmaba la operación o esta caducaría en breve. El Arzobispado adjuntó como garantías de la operación, que finalmente firmó, los ingresos sujetos al impuesto de sociedades y las aportaciones de los fieles, incluidas el cepillo.