El Gobierno pone en marcha hoy la agencia pública del alquiler de vivienda

Tras varios meses de retraso, el Gobierno decidirá hoy la puesta en marcha de la Agencia de Alquiler, cuyo objetivo es intermediar en este mercado y dar seguridad jurídica al propietario. La iniciativa forma parte de un paquete de hasta 80 medidas urgentes para impulsar la productividad, que hoy aprueba el Consejo de Ministros. En vivienda se permitirá a los fondos inmobiliarios promover el alquiler con límites. Habrá más competencia en la distribución mayorista y minorista de tabaco (se autoriza la transmisión de estancos a no familiares) y las funerarias podrán operar en todo el territorio nacional.

La Agencia Pública del Alquiler, uno de los proyectos estrella del Ejecutivo en su objetivo de hacer despegar el arrendamiento de pisos, será una realidad a partir de hoy. Esta iniciativa, que estaba prevista inicialmente para septiembre pasado, es una de las aproximadamente 80 reformas que aprobará hoy el Consejo de Ministros mediante un decreto ley de medidas urgentes para impulsar la productividad. Se trata de una primera entrega de un ambicioso plan de dinamización de la economía que el Ministerio de Economía ha diseñado para toda la legislatura. El vicepresidente y ministro Pedro Solbes hará públicos hoy ambos proyectos tras la reunión del Consejo de Ministros.

Impulsar el mercado del alquiler (apenas representa un 10% del parque de viviendas) es el objetivo de la Agencia Pública del Alquiler, que servirá de intermediadora entre futuros inquilinos y propietarios para aumentar la seguridad jurídica en este tipo de contratos. El presupuesto del Ministerio de Vivienda para este año ya incluye seis millones de euros para la constitución de esta agencia.

- Fondos inmobiliarios. Se permitirá que las sociedades de inversión inmobiliaria dediquen parte de su actividad a la promoción de viviendas en alquiler, con un mínimo de 10 ofrecidas. El valor de esos inmuebles no podrá superar el 20% del total de viviendas que gestione la entidad. La norma establece que la superficie construida no exceda los 135 metros cuadrados y permite añadir un máximo de dos plazas de garaje. Los inmuebles deberán permanecer alquilados al menos cinco años (siete en caso de que el fondo haya promovido la vivienda).

Hasta ahora, estos fondos podían participar en el alquiler, pero sólo como intermediarios, una vez ya construidas las viviendas. El principal atractivo para estos fondos es que los beneficios que obtengan de la promoción de viviendas en alquiler tributarán al 1% en el impuesto de sociedades, en lugar de al 35% como el resto de empresas. Los fondos disfrutarán de una bonificación del 85% de las rentas percibidas por el arrendamiento de vivienda, igual que el resto de promotoras de viviendas en alquiler. Esta medida ya la estableció el anterior Gobierno del Partido Popular en su última etapa para todas aquellas empresas que se dedicasen al alquiler. Ahora, este beneficio se extiende también a los fondos de inversión inmobiliaria que promuevan en alquiler.

- Tabaco. En este campo están algunas de las medidas más importantes y novedosas porque se refieren al comercio minorista y no sólo al mayorista, como estaba previsto. Así, por primera vez se permitirá la transmisión de los estancos a personas no familiares del titular y se reducirá a 25 años el plazo de las concesiones que se efectúen a partir de la entrada en vigor del decreto, así como de las que se transmitan.

También se introducirá mayor competencia en la distribución mayorista de tabaco, un mercado liberalizado hace 20 años, pero que en la práctica sigue dominado por un operador, Altadis, que controla el 99%. El Gobierno pretende fomentar la presencia de más operadores (ya existen cinco adicionales) que sean capaces de arrebatarle cuota a Altadis.

- Servicios funerarios. Toda empresa que cuente con autorización de cualquier ayuntamiento para operar estará habilitada para hacerlo en todo el territorio nacional.

- Deducciones por I+D. Las pequeñas y medianas empresas recibirán un impulso a la inversión en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se incentivará el uso de servicios de radio y televisión digital, incluidas las cuotas de abono de la televisión de pago. También habrá deducciones fiscales por inversión en tecnologías en el impuesto de sociedades. Las empresas podrán deducirse un 15% de sus inversiones y gastos en tecnologías. Entre esos gastos figura el acceso a Internet (equipos, conexiones, sistemas), la presencia en la red (diseño y desarrollo de páginas, formación de personal), el fomento del comercio electrónico y la incorporación de tecnologías a los procesos empresariales.

- Mercado financiero. La reforma pretende flexibilizar el régimen administrativo de las entidades de capital riesgo (ECR) y dotarlas de figuras financieras comunes a otros países de nuestro entorno. Así, se ampliará el ámbito de asesoramiento de estas entidades y de sus sociedades gestoras. También se permitirá que tomen participaciones en empresas no financieras que coticen en el primer mercado para excluirlas de cotización, una reivindicación muy importante del sector.

También se ofrecerá la posibilidad de que las entidades de capital riesgo inviertan en otras ECR con unos límites. Por primera vez se introducirán figuras de diversificación de la inversión, como son los fondos y sociedades que colocan sus recursos en ECR.

Además, la reforma diferenciará entre las entidades de régimen común o simplificado. Éstas son las que hacen oferta de acciones con carácter privado y no debe haber trasmisiones a terceros que no sean accionistas. A cada inversor se le debe exigir un mínimo de 500.000 euros y deben tener, al menos, veinte acciones. Las entidades de régimen común son las que no cumplen estas condiciones. También se flexibilizarán los plazos y el silencio administrativo para la autorización de la constitución y modificación de estatutos.

- Reforma de la Administración. Se facilitará el cambio de denominación social de las empresas y se agilizarán los trámites para su creación. En los procedimientos administrativos no se exigirá la aportación de los certificados de la Agencia Tributaria. Además, notarios y registradores dispondrán obligatoriamente de sistemas telemáticos.

- Fomento del Turismo. El Gobierno elaborará un Plan de Fomento del Turismo para mantener en unos casos y mejorar en otros la calidad de esta industria vital para la economía española. Asimismo, se creará una sociedad para captar inversiones del exterior.

- Televisión digital. El Gobierno se compromete a aprobar medidas fiscales para favorecer la transición del sistema de televisión analógico al digital.

- Telecomunicaciones. Se desregularizarán completamente los precios de los servicios de información telefónica y, en particular, el 11818 (el antiguo 1003), que presta Telefónica de España. Además, se regulará la telefonía por internet (voz sobre IP).

- Más autovías. Aparte del plan de dinamización, otra de las medidas que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros es un contrato de obra pública por un valor superior a los 450 millones de euros para construir nuevos tramos de autovías. Afectará principalmente a los nuevos tramos de la autovía Ruta de la Plata y a la del Mediterráneo.

Todas las medidas que se aprueban hoy persiguen el incremento de la productividad, la línea que vertebra la política económica del Gobierno. Las medidas son fruto de la labor realizada por la unidad de la productividad, un órgano que integran los secretarios de Estado de Economía y Hacienda, David Vegara y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, junto al jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián. Esta unidad trabaja con todos los ministerios para promover medidas aplicables en cada departamento.