La peor crisis económica
En recesión desde 2002, la economía portuguesa está marcada por la falta de inversiones y demasiados gastos públicos
Portugal elige Gobierno el domingo en medio de la peor crisis económica de los últimos 30 años. A problemas estructurales se suman el grave desequilibrio de las cuentas públicas y la apertura de los mercados mundiales a los productos de países como China, para cuya competencia no está preparado el sector productivo luso.
La agonía portuguesa empezó en 2001, cuando los gastos del Estado se volvieron incontrolables. El déficit se situó en el 4,2% del PIB. Bruselas amenazó con sanciones y el Gobierno del entonces primer ministro, José Manuel Durão Barroso, adoptó una política de austeridad financiera y un aumento de impuestos. La economía, muy dependiente del Estado, se estancó y la mala coyuntura internacional hizo el resto. Portugal entró en recesión a finales de 2002 y sólo en el primer trimestre de 2004 la economía volvió a crecer animada por la Eurocopa de fútbol.
En tres años, el paro ha pasado de un 4,2% a un 7,1%, la tasa más alta desde 1998
Sin embargo, las últimas cifras vuelven a indicar un crecimiento menor en el final de 2004 y -lo que hace sonar todas las alarmas- la tímida recuperación se hizo a costa, esencialmente, del consumo interno. Todos los analistas dicen que sólo una recuperación a través de las exportaciones sería positiva, para evitar el colapso ocurrido hace cuatro años, cuando el enorme endeudamiento de las familias, del sistema financiero y del propio Estado impidió reaccionar ante la desfavorable coyuntura internacional.
El problema, según un estudio reciente de la asociación cívica SEDES, formada por destacadas figuras de la sociedad portuguesa, es que no se han llevado a cabo reformas estructurales en los últimos años, tanto en materia de consolidación presupuestaria -pese a los esfuerzos de los Ejecutivos de Barroso, el déficit real portugués es de cerca del 5% del PIB- como de reconversión del agotado modelo competitivo luso, basado en los bajos salarios de una mano de obra poco cualificada. Portugal tiene los peores índices de educación y formación de toda la Unión Europea (con la excepción de Malta) y la productividad es un 64% de la media de la UE. El país no logra atraer inversiones extranjeras. La industria es incapaz de colocar productos nuevos y competitivos en los mercados internacionales. Se suceden los cierres de fábricas, por quiebra o porque deciden trasladarse a otro país. En tres años, la tasa de paro pasó de un 4,2% a un 7,1%, la más alta desde 1998.
Para atraer nuevas inversiones, Portugal necesita modernizarse. Y debe empezar por el propio aparato del Estado, uno de los mayores y más ineficaces de Europa y de la OCDE. Hay demasiados funcionarios públicos -cerca de 730.000- y la Administración es, también, poco cualificada y, principalmente, mal organizada. Un informe del Ministerio de Hacienda, conocido hace pocas semanas, aseguraba que un 65,8% del trabajo desarrollado por la Administración tiene como único destinatario... la propia Administración. Sólo un 20,6% de los servicios públicos se destinan al ciudadano. Duplicación de tareas y falta de coordinación son los grandes problemas. Los gastos con los funcionarios representan un 14% del PIB portugués (la media europea es del 11%) y un 80% de los ingresos fiscales. Un monstruo que se alimenta a sí mismo.
El combate a la evasión y al fraude fiscal es otra de las prioridades: las deudas en impuestos y seguridad social equivalen a un 11% del PIB, mientras se estima que la evasión fiscal tenga un valor igual al 6% del PIB.
El Partido Socialista, claro favorito en las elecciones, propone, en su programa electoral, un choque tecnológico -una apuesta por la cualificación, innovación y tecnología- como motor del crecimiento, que considera prioritario, por defender que ése es también el camino para recuperar las cuentas públicas. El conservador Partido Social Demócrata, en el poder, propone un choque de gestión, dando prioridad a la reforma del Estado y al aumento de la competitividad del país, abriendo la hipótesis de una disminución del impuesto sobre las empresas para atraer inversiones. Para el Banco de Portugal, la prioridad debe ser controlar el déficit, para asegurar un crecimiento sostenible en el futuro. Para los analistas, Portugal vive un choque de realidad, tras las enormes expectativas creadas en la década de 1990, con el acceso fácil al crédito bancario y la adhesión a la moneda única. Para éstos, las propuestas de los dos partidos son igualmente prioritarias y se repiten los llamamientos a pactos de régimen en cuestiones estructurales para que Portugal vuelva a converger con Europa.
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