El túnel del Carmel ya había sufrido movimientos en el mes de octubre

El túnel de maniobras construido en el Carmel para la línea 5 del metro tuvo movimientos que quedaron registrados documentalmente en el pasado mes de octubre. La dirección de obra anotó movimientos en la base del túnel y que el hormigón usado en el techo era escaso. La constructora, en cambio, registró los mismos movimientos (llamados técnicamente de convergencia) y pidió autorización para reforzar el túnel, autorización que le fue denegada. Esta documentación escrita se hallaba a disposición de la empresa pública autonómica GISA. El Departamento de Política Territorial asegura que no fue informado.

Las empresas que realizan la dirección de obras (Geocontrol y Tec 4) y las constructoras (Fomento de Construcciones y Contratas, Copisa y Comsa) se preparan para mantener una batalla entre ellas, en el supuesto de que acaben siendo señaladas como hipotéticas responsables del hundimiento. Ambas parecen pertrechadas para defenderse porque ambas dejaron anotaciones de discrepancias. La dirección de obras anotó que, a su juicio, la cantidad de gunita (hormigón utilizado para fijar la bóveda tras las primeras excavaciones) era insuficiente e inferior a los 20 centímetros calculados en el proyecto constructivo. Y anotó también que había detectado movimientos de convergencia en el túnel. Las mediciones de estos movimientos corren a cargo de la constructora. Todos estos documentos figuran en el libro de obras que, en teoría, tiene que inspeccionar la empresa pública GISA, que ordena las obras por cuenta del Gobierno catalán.

No obstante, el Ejecutivo de la Generalitat sostiene: "Rotundamente, no hemos recibido esta información". Para justificarlo aduce que GISA decidió, hace cuatro años, encargar el control directo de las obras a una compañía privada, que en el caso del Carmel es Payma. Todas las firmas afectadas, consultadas por este diario, declinaron hacer declaraciones aduciendo que el cliente es GISA y, en algunos casos, que sus abogados les han recomendado silencio. No obstante, fuentes cercanas a la dirección de obra precisaron: "No podemos desmentir que advirtiéramos de que se empleaba menos hormigón del fijado en el proyecto". Asimismo, señalaron que ya habían percibido los movimientos de convergencia en el túnel y que estos movimientos hacían necesarias nuevas mediciones. El movimiento de convergencia se produce en la base del túnel, que es por donde éste empieza a ceder cuando tiene problemas. El hundimiento acaba produciéndose por la bóveda, pero se percibe en la base.

Esos movimientos también fueron registrados por la otra parte en conflicto: la constructora. Sirvió para que reclamaran cambios consistentes en reforzar el túnel que, aseguran, fueron rechazados por la dirección de obra. "¿Dónde están esas peticiones de refuerzo? Que las enseñen", replicó el directivo de la unión temporal de empresas que lleva la dirección de obra.

El problema que registró la constructora fue de convergencia en el momento de proceder a la "destroza". Se trata de la tarea de retirar la parte inferior del túnel. En el método de construcción utilizado (una variante del método austriaco), se horada primero la parte superior del túnel y se refuerza la bóveda jugando con la resistencia del terreno (avance) y, luego, se retiran los materiales de la parte inferior (destroza). Antes de acometer esta tarea, según fuentes próximas a la constructora, se advirtió de la existencia de movimientos de convergencia y se pidió aumentar los refuerzos con cerchas o pernos, petición que fue desestimada por la dirección de obras.

Esta información coincide con las manifestaciones de los vecinos, que sostienen que percibieron movimientos, supuestamente conectados con las obras, en agosto (cuando se produjo una chimenea en el túnel principal) y en octubre.

Jordi Rosell, director de la obra civil de GISA, aseguró que estas peticiones no tenían por qué ser comunicadas a esta firma ya que el contrato prevé que la constructora introduzca las modificaciones que considere oportunas para el buen fin de la obra. Ahora bien, si las modificaciones no son aprobadas, no puede ser repercutidas en el precio final.El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, reconoció ayer que se ha planteado, entre otras opciones, la revisión del contrato e incluso la rescisión del mismo tanto con la constructora como con la dirección de obras, aunque añadió que no deseaba alentar una "guerra fratricida" entre las empresas.