Derechos humanos en Chile

Los procesos de transición entre dictaduras y democracias siempre resultan complejos. Los ajustes entre uno y otro régimen, con características polares en temas extremadamente sensibles, o se realizan drásticamente, con altos e imprevisibles costos, o deben enfrentarse gradual y progresivamente, con satisfacción paulatina y probablemente lenta de las situaciones pendientes.

Chile eligió este último camino. La larga noche iniciada en septiembre de 1973 no concluyó con una aurora boreal, sino con un creciente asomar de luces que ha permitido disipar las sombras sin provocar encandilamientos. Gracias a ello, el paso a la democracia no ha significado mayores quebrantos adicionales a los muchos soportados por la sociedad chilena y ha posibilitado iniciar un proceso de consolidación económica, sustentado en la estabilidad política y comprometido en acciones de solidaridad y equidad sociales.

Por cierto, que en el recorrido democrático resta alcanzar plenamente algunas metas. Ello se da en todos los países, aun en los de mayor durabilidad democrática. Chile no podía estar exento de esas carencias, pero con objetividad corresponde reconocer los incuestionables progresos alcanzados con el esfuerzo de todos los chilenos y la comprensión y apoyo de las democracias del mundo. Sorprende, por lo mismo, que algunos observadores adopten una posición nihilista que con pertinacia niega "la verdad del ser".

Nadie desconoce que resta aún superar enclaves autoritarios de la Constitución vigente, con arreglo a cuyos términos, por lo demás, fue posible derrotar a la dictadura. Merced a la tenacidad del pacto político gobernante se encuentran acordadas reformas sustanciales en la institucionalidad que, a corto plazo, la perfeccionarán en aspectos radicales para un sistema democrático de convivencia. Sin embargo, ya se dice que la representación parlamentaria de la derecha no aceptaría modificar el sistema electoral que no otorga representación a las minorías. Es una tarea pendiente acerca de cuyo despeje, por cierto, el actual Gobierno no claudica.

Otro tema que, con razón, ha estado presente en la agenda política chilena es el relativo a atroces atropellos a los derechos humanos fundamentales de que fueron víctimas miles de nuestros compatriotas. Se asesinó, se torturó, se detuvo, se hizo desaparecer a personas, se expulsó de la propia tierra. Sobre esa herida los gobiernos democráticos no han tendido un manto ni menos han querido restañarla vertiendo sal. Por el contrario. Entendiendo que lo primero que correspondía era hacer verdad sobre hechos que algunos chilenos desconocían o se negaban a aceptar, el presidente Aylwin constituyó una Comisión de Verdad y Reconciliación, cuya labor permitió conocer la realidad de los detenidos desaparecidos, una verdad que Chile debía mirar de frente. Posteriormente, el Gobierno del presidente Frei instaló una Mesa de Diálogo, a la cual las Fuerzas Armadas se incorporaron junto a otros agentes morales, aceptando la responsabilidad de sumarse a la búsqueda de la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos y los ejecutados. Cada una de estas instancias constituyó un avance, al punto que la experiencia chilena ha servido de base para labores semejantes acometidas en otros países, como en el caso del apartheid en Suráfrica.

El presidente Ricardo Lagos, por su parte, ha realizado una experiencia que no tiene semejanzas en el mundo. Una Comisión Nacional ha recogido el testimonio de más de 35.000 personas que padecieron el horror de la tortura, del atropello a la dignidad, de la violación física y psicológica. Los hechos denunciados ahora, 31 años después de cometidos, eran tan lesivos a las mínimas condiciones asignables al ser humano que la mayoría de las víctimas había optado por el sufrimiento del silencio. Este informe, que es público, realiza un dramático y valiente aporte a los archivos de nuestra historia.

Cada uno de los informes producidos ha servido de base para reparaciones a favor de las víctimas, dando origen, además del reconocimiento moral del atropello cometido, a beneficios en pensiones, educación y atención en salud. En el caso del informe entregado al presidente Lagos, la ley respectiva fue redactada, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada en menos de un mes. Es evidente que los beneficios pecuniarios constituyen una lógica reparación social a los atentados tan injustamente cometidos, pero su monto debe ajustarse a las posibilidades de un país que, como el nuestro, aún no alcanza altos niveles de desarrollo y en el cual es necesario atender las necesidades de un contingente relativamente importante de chilenos en situación de pobreza. En todo caso, hasta la dictación de la última ley de reparación el costo de las pensiones y los beneficios de los exonerados alcanzaba a 456.682.699 euros.

En otro aspecto, estos informes entregan antecedentes que pueden servir de base a acciones judiciales en contra de los autores de los atropellos, como efectivamente ha ocurrido, al punto que -situación que no pueden exhibir la mayoría de los países que han recuperado la democracia- una parte importante de la jerarquía de los servicios de seguridad de la dictadura se encuentran cumpliendo penas en presidios del Estado y hasta el propio general Pinochet se encuentra encausado, sometido a varios juicios y privado del fuero que le asignaba su condición de senador vitalicio. Con todo, es pertinente recordar que en Chile, respondiendo a una tradición jurídica casi bicentenaria, existe un Estado de derecho que implica respetar la normativa vigente y reclamar su aplicación a tribunales independientes y soberanos institucionalmente. Ante ellos tienen pleno derecho a accionar, sin limitaciones ni cortapisas procesales de ninguna especie, todos quienes se consideren afectados por la acción ilegítima de agentes del Estado. En un Estado democrático la justicia es a quien corresponde establecer responsabilidades y aplicar sanciones y ello ha estado ocurriendo en Chile, conforme es público y notorio.

Al asumir su mandato, el presidente Lagos señaló que "no se humilla quien busca el entendimiento para hacer más fuerte a Chile", y añadió que trabajaría para producir las convergencias y hacerlas realidad. En la perspectiva de la conclusión de su gestión es evidente que ha tenido éxito en el objetivo que con ejemplar sentido ético se trazó. Por cierto, que es imposible satisfacer a todos en materias tan subjetivamente sensibles. Sin embargo, tal como lo indican unánimemente los sondeos de opinión verificados entre quienes viven en Chile, la inmensa mayoría de ellos reconocen que, merced a lo actuado, "nuestro mañana no será construido sobre la base engañosa y frágil del olvido, sino sobre la base sólida de nuestra memoria histórica".

Enrique Krauss Rusque es embajador de Chile.