¿Cabe el 'plan Ibarretxe' en la Constitución europea?

Cabe lo que los Estados decidan. La Unión no entra ni sale en cómo se organiza cada uno de sus socios, porque las competencias de la Unión son exclusivamente las que le ceden los Estados y, entre ellas, obviamente, no figura la organización territorial de cada país ni la intervención en sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales. El nuevo Tratado constitucional sí introduce, por vez primera, la obligación de la Unión de "respetar" las funciones esenciales del Estado, "especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial".

En los 25 Estados integrados hoy en la UE hay 289 regiones. El Tratado constitucional recoge las siguientes claves que guardan relación con la organización interna de cada Estado y con el papel de las regiones europeas.

- Principio federal. "Toda competencia no atribuida a la Unión en la Constitución corresponde al Estado" (Parte I-artículo 11). Se trata de un principio básico del sistema federal.

- Ciudadanos y Estados. La UE es una unión "de ciudadanos y Estados" (I-1), no de "pueblos y Estados" como se explicaba hasta ahora y querían mantener los nacionalistas. El cambio lo promovió el Partido Popular Europeo (PPE). Un fin de semana de octubre de 2002 en Frascati (Italia), dirigentes del PPE en la Eurocámara pactaron la sustitución. "Aquella tarde abandonamos el concepto de pueblo, trasunto de Volk alemán o del people anglosajón y presente desde los años 50 en los textos comunitarios", cuenta Íñigo Méndez de Vigo, destacado miembro de la Convención que redactó el proyecto constitucional. El término "pueblos" o "pueblos de Europa" figura, en todo caso, en varias partes de la Constitución, incluido el Preámbulo.

- Organización interna. "La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional" (I-5). Por tanto, la UE no puede reconocer intentos unilaterales de organización sin el aval del Estado. Lo hizo tras la separación en dos Estados de la antigua Checoslovaquia siendo éste un país candidato, pero sólo cuando ambas partes presentaron su plan pactado.

- Integridad territorial. La Unión "respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional" (I-5). Este artículo también fue introducido por iniciativa del PPE y fue apoyado por los conservadores alemanes en el otoño de 2002 a cambio de cláusulas preventivas propuestas por ellos para frenar la entrada de Turquía en la Unión y que finalmente no se incluyeron en la Constitución.

- Ciudadanía. "Toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro posee la ciudadanía de la Unión, que se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla" (I-10). "Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad" (I-4), una idea que se repite en el I-45: "La Unión respetará en todas sus actividades el principio de igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos".

- Representación ante la UE. "El Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente" (I-23). Hoy ya es posible la participación de representantes regionales en el Consejo de la Unión, siempre en nombre del Estado. Alemania y Bélgica lo han hecho en múltiples ocasiones y España, desde hace unos meses.

- El debate regional. En la Convención, el alemán Erwin Teufel y el belga Elio Di Rupo reclamaron el derecho para las regiones con capacidad legislativa de intervenir ante la Comisión cuando consideraran que legislaba sobre materias de su competencia. En nombre del Gobierno español, Alfonso Dastis argumentó que tal posibilidad abriría el peligro "de trasladar al nivel europeo algunos conflictos nacionales internos". El eurodiputado vasco-francés Alain Lamassoure (PPE) había defendido antes que algunas regiones tuvieran un estatuto especial -"región asociada a la UE", escribió- y que pudieran convertirse en circunscripciones separadas en las elecciones europeas. Recordó que más del 70% de los programas comunitarios los gestionan las regiones, pero sus ideas fueron rechazadas por la Eurocámara y por la Convención. Un documento elaborado tras varios debates en el Parlamento vasco sobre la Constitución europea señalaba: "Queremos plantear nuestra relación con Europa a través de un estatus de región o nación asociada". Reclamaba también capacidad para firmar acuerdos internacionales.

- Papel de las regiones. El vigente Tratado de Niza no menciona la palabra "región". Ahora, la Constitución reconoce la autonomía local y regional (I-5) y precisa que "la Unión sólo intervendrá en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros bien a nivel central o bien a nivel regional o local" (I-11). El Comité de las Regiones sigue siendo un mero órgano consultivo, pero el nuevo Tratado le faculta para recurrir directamente ante el Tribunal de Justicia de la UE.

- Uso de las lenguas. El Gobierno español introdujo en junio pasado en el nuevo Tratado la opción de traducir la Constitución a las lenguas cooficiales en España, con lo que les otorga un rango de lengua oficial en la UE, aunque no de trabajo, nivel que ahora tienen 20 idiomas. Los europeos tienen derecho a dirigirse a las instituciones en la propia lengua. "La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo" (I-3).

- Diversidad. Ese reconocimiento se plasma también en el preámbulo de la Carta de Derechos: "La Unión contribuye a la preservación y al fomento de estos valores comunes dentro del respeto a la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos en el plano nacional, regional y local". José Borrell, presidente de la Eurocámara, resume así la situación: "La Constitución dice reconocer y defender la integridad territorial de los Estados y, al mismo tiempo, deja a cada Estado su organización interna, más o menos federal, más o menos unitaria, más o menos autonómica... Es ése un problema de cada cual, pero respeta y defiende la integridad territorial de los Estados. Se refiere a un proceso de disgregación de un país que no se efectúe de acuerdo con sus normas constitucionales internas y con el cual el Estado en ese país no esté de acuerdo. Deja dicho bien claro que un proceso de secesión, o un cambio unilateral por una de las partes del entramado político de un país, no sería reconocido por la Unión Europea". ¿Y sí asumiría profundos cambios si han sido pactados con respeto a las leyes? "Sí, por supuesto".