Las organizaciones de padres y profesores logran un pacto para la reforma educativa

Las organizaciones educativas, sindicatos, padres de alumnos y titulares de centros han alcanzado un gran acuerdo, a falta de cerrar algunos puntos sensibles, sobre las medidas que deberán inspirar la futura ley educativa, a la que consideran que debe acompañar "una ley de financiación". Piden un esfuerzo inversor al Gobierno y a las comunidades y que se garantice un reparto equilibrado de los alumnos entre la escuela pública y la concertada. Quieren que ningún centro esté obligado a tener más de un tercio de alumnos inmigrantes. Este acuerdo disipa las fricciones entre red pública y concertada y busca un apoyo político amplio para las medidas propuestas que garantice un sistema educativo estable y de calidad.

Tras años de desencuentros, las organizaciones educativas han alcanzado un gran pacto social que busca mejorar y dar estabilidad al sistema escolar. CC OO, UGT, las confederaciones de padres laicos (Ceapa) y católicos (Concapa), los titulares de centros religiosos (FERE) y dos personalidades de reconocido prestigio, Agustín Dosil y Manuel de Puelles, han redactado un documento conjunto que espera algunos remates en lo que respecta a admisión de alumnos y el bachillerato, y que deja de lado la religión para avanzar en lo demás, según explicaron fuentes de estas organizaciones. El acuerdo alcanzado recoge las siguientes medidas:

- Un sistema vertebrado. Exigen que la educación que se imparta en las comunidades autónomas tenga una parte común y básica que garantice la cohesión social y territorial. Por ello, el Estado y las comunidades deberán reconocer la "responsabilidad que comparten" y ceder recíprocamente en los aspectos más controvertidos. "Debe revisarse la política de incrementar los contenidos básicos en cada reforma escolar que se inicie".

- Una ley de financiación. "La máxima prioridad para el Estado y las comunidades" será incrementar el gasto educativo y el gasto por alumno. La nueva ley, "consensuada por todas las fuerzas políticas" debe ir "acompañada de una ley de financiación" mediante la cual el Estado y las comunidades "aseguren el necesario gasto público". A ambas administraciones les piden un esfuerzo para que en cuatro años el gasto en educación alcance el 6% del PIB. Solicitan que el Estado compense las desigualdades entre las comunidades con un "plan nacional", solicitan.

- Evaluaciones independientes. Una "agencia técnica", independiente del Gobierno debe encargarse de rendir cuenta del esfuerzo inversor de las comunidades autónomas así como verificar su buena o mala gestión educativa evaluando los resultados que hayan logrado. Asimismo, la agencia rendiría cuentas al Senado.

- Elección de centro escolar. Es necesario conciliar el derecho a la libertad de elección de centro y el derecho a la igualdad ante la educación, dice el texto. Así pues, la educación será un servicio público en el que prime el interés general; por tanto, "todos accederán igualmente a la educación" y la iniciativa privada "ofrecerá su proyecto educativo a todo el que lo desee".

- La inmigración. Tanto la escuela pública como la concertada "deben asumir el compromiso de la integración de los inmigrantes y someterse a los mismos criterios de admisión". Y se recoge un acuerdo muy concreto: "Ningún centro público o concertado estará obligado a escolarizar inmigrantes por encima de un tercio de la totalidad de los puestos escolares".

- Concertada y pública. El acuerdo recoge que la doble red educativa, colegios concertados y públicos, "no debe enfrentarse sino complementarse" y ambas deberán estar "equiparadas en derecos y en deberes", respetando en todo caso "su singularidad". Deberán ofrecer servicios complementarios para atender las necesidades de la sociedad; recibir los recursos humanos y materiales que precisen y "asegurar la gratuidad del puesto escolar mediante la actualización de las asignaciones presupuestarias, tanto de los gastos de funcionamiento de la escuela pública como los módulos de los conciertos privados".

- Atención a la diversidad. La educación básica debe tener un tronco común para todos, se dice en el texto, pero se abren "vías", en función de la edad para que pueda atenderse el perfil diverso de los estudiantes. Las diferentes opciones por las que opten los alumnos han de ser flexibles.

- Bachillerato. Este asunto ha sido uno de los más espinosos en la negociación que han mantenido las organizaciones y está aún por rematar. Se dice en el texto que dos años de bachillerato no son suficientes pero "dadas las dificultades" para modificarlo se optaría por "reforzar el último curso de la educación secundaria obligatoria" donde el alumno podría comenzar "una preparación específica" para continuar sus estudios.

- Fracaso escolar. El fracaso escolar debe detectarse desde la educación infantil, dicen. La coordinación entre los centros que ofrecen diferentes ciclos debe potenciarse, para facilitar la transición entre las diferentes etapas. Se deberían organizar programas específicos de iniciación profesional para que los alumnos que abandonan el sistema logren el título básico.

- Otros servicios. Más allá del comedor y el transporte, la escuela debe atender necesidades educativas innovadoras, como los medios audiovisuales o los accesos a bibliotecas, y para ello será necesaria la incorporación de nuevos perfiles profesionales.