PP, PSOE e IU coinciden en que la Ley Especial de Madrid pase por la Asamblea

Los máximos dirigentes de los tres partidos con representación en la Asamblea de Madrid se reunieron ayer y coincidieron en la necesidad de que la Ley de Régimen Especial de Madrid propuesta por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, pase por la Asamblea de Madrid. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, corresponde a las Cortes Generales la aprobación de esta ley. Pero el Gobierno central ha advertido de que quiere que sea fruto de consenso entre las tres administraciones. Gallardón afirmó ayer que negociará primero con Zapatero y después escuchará al resto de administraciones.

El alcalde Ruiz-Gallardón se ciñe a lo regulado en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que dice: "La villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y sede de las instituciones generales, tendrá un régimen especial regulado por ley y votado en Cortes. Dicha ley determinará las relaciones entre las instituciones estatales, autonómicas y municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias".

En virtud de esta norma, la única instancia en la que ha de debatirse un proyecto de ley especial para Madrid serían las Cortes Generales, por lo que podría obviarse tanto al pleno del Ayuntamiento como al de la Asamblea de Madrid. Pero el alcalde, por boca de su concejal de Hacienda, Juan Bravo, ha manifestado varias veces en los últimos días su intención de que se escuche tanto a la oposición en el Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad en la Cámara regional. Lo que deja claro el regidor es que, si son las Cortes las que tienen la última palabra, negociará primero con el Gobierno central y después escuchará las propuestas tanto de la oposición municipal como de la Asamblea.

La voluntad de Zapatero

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó el pasado 15 de diciembre en el Congreso de los Diputados -en respuesta a una pregunta del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, sobre la ley de capitalidad para Barcelona-: "Hace tres meses que el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Administraciones Públicas trabajan en un texto denso, complejo, que abarca reformas que tienen que ver con competencias de distintos ministerios, también con competencias de la Generalitat, para definir lo que representa la Carta Municipal de Barcelona. (...) Este Gobierno se ha comprometido hoy aquí a que a finales de enero (...) esté el anteproyecto de ley (...) Quiero añadir que evidentemente es voluntad del Gobierno, en un periodo parecido, en el primer trimestre [de 2005], que la ley de capitalidad de Madrid esté en esta Cámara".

Según el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas, estas declaraciones de Zapatero "hay que ponerlas en conjunción con las del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla", quien el pasado miércoles 2 de febrero explicó que, al igual que se ha hecho con la Carta Municipal de Barcelona, el Gobierno desea que la ley de Madrid cuente "con el acuerdo previo del pleno del Ayuntamiento y con el apoyo de la Asamblea de Madrid". Simancas afirmó ayer a EL PAÍS que preferiría "un retraso en las fechas [de tramitación de la ley] antes que no contar con el Ayuntamiento y la Asamblea" para la discusión de esta nueva norma.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, manifestó su disconformidad a que Gallardón negocie "unilateralmente" con Zapatero. Jiménez exigió al alcalde que cree una comisión en la que estén representadas todas las fuerzas políticas municipales y en la que podría entrar, además, algún experto en derecho administrativo para que sea en ese foro donde se discuta "tranquilamente y con sosiego" el contenido del borrador.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también opina que "las prisas no son buenas consejeras", y ayer afirmó: "Es cierto que la ley de capitalidad está prevista en el Estatuto de Autonomía, pero ni la Comunidad de Madrid ni la Asamblea pueden aceptar que esta ley sea fruto de una negociación entre el Gobierno y el Ayuntamiento sin que la Cámara regional tenga nada que decir". Aguirre cree que es fundamental un "acuerdo entre todas las fuerzas políticas" en la elaboración de ese texto legal, "puesto que afecta de manera directa a la arquitectura institucional", por lo que requeriría "un acuerdo entre las tres administraciones".

Por su parte, el coordinador general de IU en Madrid, Fernando Marín, opina que la mejor forma de "desbloquear el debate sobre la ley especial para Madrid" sería la creación de "una comisión tripartita en la que estuvieran representadas las tres administraciones [Gobierno central, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento]". Marín considera también que es imprescindible que el texto "pase por la Asamblea de Madrid".