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Arabia Saudí pone en marcha un centro contra el terrorismo

Medio centenar de países pactan normas de respeto a los derechos humanos

La Conferencia Internacional contra el Terrorismo reunida en Riad respaldó ayer la propuesta del país anfitrión, Arabia Saudí, de crear un Centro Internacional Antiterrorista. Pero a falta de concretar su sede, su financiación y su alcance, el mayor logro de la cita, que ha reunido a países tan dispares como Irán y EE UU, ha sido la unanimidad alcanzada en denunciar que "sea cual sea el pretexto que usen los terroristas, éste no tiene justificación".

"Si hay dudas sobre qué es terrorismo, están las convenciones de la ONU que lo definen, y en sus últimas versiones se especifica que ni siquiera la ocupación extranjera justifica el terrorismo", había recordado con anterioridad a este diario Javier Rupérez, jefe de la delegación de la ONU. Aunque nadie lo mencionó de forma explícita, todos los participantes se referían a la amenaza de Al Qaeda y organizaciones similares.

Conscientes de las dificultades para alcanzar una definición de terrorismo, los organizadores optaron por dejar la cuestión en manos de la ONU y orientar los grupos de trabajo hacia las recomendaciones de cooperación. Es ahí donde encaja la idea de un centro en el que los expertos intercambien datos en tiempo real, tal como propuso en la inauguración de la conferencia el príncipe Abalá, heredero y regente saudí. Sin embargo, fuentes de la lucha antiterrorista de diversos países subrayaron la dificultad de compartir información de ese tipo en un foro tan amplio.

De momento, se ha creado un grupo de trabajo para elaborar el proyecto. Al final puede que se quede en "una especie de centro de investigación" donde los expertos intercambien sus análisis, según descripción de un diplomático europeo. Sin embargo, el cambio de actitud que ha supuesto que tanto Arabia Saudí como otros asistentes den su visto bueno a la Declaración de Riad puede ser tanto o más importante. "Hace cinco años no hubiera sido posible esta reunión", apuntó Rupérez.

Los participantes, medio centenar de países y una decena de organizaciones internacionales "animan los esfuerzos individuales para expandir la participación política y promover el papel de las instituciones civiles", afirma uno de los apartados. El mensaje, obvio en el contexto europeo, resulta novedoso para muchos de los participantes.

El poder de las ONG

De hecho, el temor a que una mención al control financiero de las ONG e instituciones benéficas pudiera servir a algún país para limitar su trabajo hizo que se retocara el lenguaje. Al final se pide a Naciones Unidas "normas para evitar que esas organizaciones sean explotadas con fines ilegales". En otro de los puntos se reitera el "compromiso con las resoluciones de la ONU en la lucha contra el terrorismo". A continuación se hace un llamamiento para que se ratifiquen las 12 principales convenciones sobre esa materia.

"Hay que destacar que un foro tan diverso como éste haya logrado un acuerdo para encuadrar la lucha antiterrorista dentro de los parámetros de la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos y el apoyo a las víctimas", señaló Fernando Reinares, asesor del Ministerio del Interior español.

Precisamente la inclusión, en el último párrafo, de una expresión de "solidaridad y apoyo a todas las víctimas del terrorismo" fue fruto de los esfuerzos de la delegación española, que encabezó Ángel Lossada, director general de la Unidad de Coordinación de la Participación de España en el Consejo de Seguridad de la ONU.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de febrero de 2005