El Gobierno vasco anuncia un ensayo pionero para dar heroína a los presos

Sesenta presos de la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava) van a protagonizar el primer programa de dispensación controlada de heroína en prisión que se desarrolla en España. La experiencia, impulsada por la Dirección de Drogodependencias vasca, tiene previsto empezar a finales de año y se dirigirá a toxicómanos que han fracasado en los tratamientos de deshabituación con metadona. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ya ha recibido la solicitud, que, en principio, ha sido bien acogida. El 54,5% de los 740 reclusos de Nanclares de la Oca son drogodependientes.

El consejero de Asuntos Sociales del Ejecutivo vasco, Javier Madrazo (Ezker Batua), señaló que se trata de una iniciativa pionera en la Unión Europea, de la que sólo existe un antecedente en Suiza. Su objetivo es minimizar el daño sanitario que genera el consumo de heroína dentro de las prisiones: a la baja calidad de la droga que logra sortear los controles carcelarios se suman las deficientes condiciones de salubridad de su toma, a pesar de los programas de intercambio de jeringuillas.

La iniciativa se inspira en la eficacia ya comprobada de los programas experimentales de dispensación de heroína a toxicómanos en libertad, como la desarrollada en Granada por la Junta de Andalucía. Sus responsables han llegado a la conclusión de que la droga suministrada bajo control médico y con atención socioeconómica ayuda a rehabilitar a toxicómanos de larga duración al tiempo que reduce al mínimo los riesgos sanitarios y sociales asociados.

Madrazo, quien aseguró que la iniciativa ha tenido "muy buena aceptación" por Instituciones Penitenciarias, anticipó que los resultados de esta experiencia servirán también para extenderla "a otros ambientes en una etapa posterior". Y añadió que no se puede "mirar hacia otro lado" ante la realidad de las cárceles, donde "se trafica y consume heroína de baja calidad", lo que afecta "de forma severa a la salud de las personas". Fuentes del Ministerio de Sanidad, que también debe aprobar el ensayo, manifestaron ayer que aún no conocían el proyecto.

La elección de Nanclares, a 13 kilómetros de Vitoria, no ha sido arbitraria. Es la cárcel con más presos del País Vasco y el 54,5% de sus 740 reclusos es drogadicto. Un porcentaje similar padece hepatitis B o C, tiene VIH o padece varias de estas infecciones a la vez.

El objetivo de este plan, tal y como aclararon sus promotores, no es la abstinencia, aunque "en un proyecto similar puesto en marcha en Suiza, el 20% de los pacientes consiguió desintoxicarse", subrayó Belén Bilbao, responsable de la dirección de drogodependencias del Gobierno vasco.

Lo que se quiere lograr es una reducción de la prevalencia de enfermedades, y, por tanto, la mejoría de la salud física y psíquica de los reclusos. A ello se suma el aumento de la seguridad del funcionariado del centro, la reducción del consumo y tráfico de heroína ilegal y la atracción y retención en el sistema sanitario de prisiones de los heroinómanos que han fracasado en repetidas ocasiones en otros tratamientos.

"Sus beneficios son indiscutibles. A día de hoy nadie pone en duda la evolución positiva que genera en personas drogodependientes que no han podido concluir otros tratamientos", insistió Madrazo.

Los 60 toxicómanos que se beneficiarán de esta experiencia serán personas que hayan participado sin éxito en dos ocasiones o más en programas de metadona. Recibirán dos dosis de heroína (diurnas) y una de metadona (nocturna) por persona los siete días de la semana. La dispensación de la droga correrá a cargo de la asociación Lur-Gizen (Tierra de Hombres, en español), una organización con 15 años de experiencia en el centro de Nanclares de la Oca como equipo de tratamiento en drogodependencias y que el año pasado obtuvo el Premio Reina Sofía en el área de Servicios Sociales.

Su labor, que abarca programas de metadona, intercambio de jeringuillas, desintoxicación, intervención con la familia de la población reclusa y reinserción social, se reforzará para esta nueva misión con un equipo formado por tres médicos, cinco asistentes sociales, dos psicólogos, un educador y un administrativo.

No existe un plazo para el fin de la administración de la heroína, aunque se procederá a un control exhaustivo de la evolución de los voluntarios. El Ejecutivo autónomo ha destinado este año una partida de algo más de 500.000 euros.