EE UU fracasa en su demanda contra las grandes tabacaleras
El Gobierno pedía 217.000 millones por fraude y conspiración
Las tabacaleras obtuvieron ayer una importante victoria legal en Estados Unidos. Según el tribunal de recursos del Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia no tiene derecho a que las tabacaleras paguen 280.000 millones de dólares (217.000 millones de euros) de sus beneficios bajo la acusación de engañar a la gente sobre los riesgos de fumar. Las empresas vieron subir sus acciones una media de un 3%.
Ni Justicia ni las tabacaleras reaccionaron ayer tras el fallo, que se inscribe en el juicio contra la industria que empezó en septiembre pero cuyos antecedentes se remontan seis años. El Gobierno había calculado que los 280.000 millones de dólares era la cantidad aproximada que los fabricantes han ganado de manera ilegal, por ejemplo haciendo publicidad encubierta para menores u ocultando las consecuencias en la salud.
De hecho, la reclamación de Justicia la presentaron los fiscales Daniel Meron, Robert McCallum y Mathew Zabel al amparo de una normativa pensada en su día contra el crimen organizado y la mafia, pero el tribunal de apelación de Columbia dijo ayer (en una decisión respaldada por dos de sus tres magistrados) que esa ley no podía aplicarse en el caso de las compañías tabacaleras: justo lo que éstas argumentaban como defensa.
La querella se planteó hace seis años contra los grupos Altria, Loews, Lorillard, Vector, Liggett, Reynolds y BTA por "engaño a los consumidores sobre los peligros de fumar". Estas compañías negaron la acusación y dijeron que el Gobierno no puede hacer nada al respecto, después del gran acuerdo al que llegaron en 1998 la industria y el Gobierno de Estados Unidos.
Gastos médicos
Según aquel pacto, las tabacaleras accedieron a desembolsar 246.000 millones de dólares para compensar los gastos médicos de las enfermedades atribuíbles al tabaco, y asimismo se sometieron a normas para limitar los anuncios de los cigarrillos. La decisión de ayer afecta precisamente a la parte de la querella en la que se solicitaba el dinero. La industria había alegado que el Gobierno no ha acertado a distinguir los beneficios ganados de forma legal o ilegal.
La sentencia de Columbia no pone fin al gran proceso, que puede aún prolongarse durante meses. El Departamento de Justicia sigue tratando de reforzar las restricciones publicitarias sobre el tabaco y de exigir que las empresas financien campañas de salud pública sobre el peligro de fumar y financien programas destinados a que los consumidores abandonen el hábito. En octubre, un ex jefe de investigación de Philip Morris declaró, como testigo de la acusación, que desde 1953 hay un pacto de las empresas para no fabricar cigarrillos menos dañinos, aun que sabíano cómo hacerlo.
El Gobierno aún puede gestionar la imposición de restricciones a las compañías, con nuevos límites sobre la comercialización y la propaganda.
