Chapuza e ineficacia

Los socavones del barrio del Carmel provocados por la ampliación de una línea de metro han sembrado la alarma y conmocionado Barcelona, hasta convertirse en una crisis que combina la sombra de la tradicional chapuza hispánica con manifestaciones de madurez democrática de la sociedad civil. En ella destaca y preocupa por encima de todo la ineficacia de las autoridades municipal y autonómica, en este último caso de administraciones sucesivas de distinto color político.

El Carmel es un barrio surgido de la primera inmigración, con todas sus taras: autoconstrucción desordenada, especulación voraz o falta de planificación urbanística. Siendo bastante céntrico, aún no está comunicado por metro, lo que subraya las carencias de un cuarto de siglo de Gobierno autónomo. El desastre de estos días ha hecho cundir el desánimo y la irritación entre los vecinos, sobre todo entre quienes han perdido todos sus muebles y objetos personales porque se vieron obligados a abandonar precipitadamente sus casas y no han podido ya entrar en ellas de nuevo.

El barrio ha vivido una larga semana de confusión. A un desalojo y un retorno de los vecinos se suma otro, con cambios y recambios de hoteles; a una demolición se añade el anuncio de otras; a las garantías por escrito de estabilidad de los edificios sucede el anuncio de que finalmente habrá que rellenar el hueco de la montaña con cemento, y las dudas sobre los estudios geológicos culminan en la prohibición del sistema constructivo empleado. En suma, una ristra de despropósitos en los que quizá juegue la mala suerte, pero que sin duda responden a decisiones incorrectas.

El consejero de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha anunciado "dimisiones y ceses políticos y técnicos", y el alcalde, Joan Clos, y los concejales se han volcado para llevar ayuda a los afectados, a los que ayer pidió disculpas públicas. Generalitat y Ayuntamiento han creado una comisión para hacer frente a la crisis sin cargar las tintas en los fallos de administraciones precedentes. Y Felip Puig, anterior consejero de Política Territorial en el Gobierno de Pujol, ha anunciado que asume "las responsabilidades políticas" de haber decidido construir bajo el Carmel el túnel causante del estropicio. Pero con buenas intenciones políticas y sensibilidad hacia el ciudadano no basta, sino que es imprescindible la eficacia. En cuestiones de seguridad física, no se puede ofrecer a los vecinos todas las garantías de permanencia y al día siguiente imponer el desalojo.