La naturaleza de las cosas

Para que una negociación política sobre la articulación territorial del poder sea posible es preciso que los protagonistas de la misma compartan unas premisas que no pueden ser siquiera sometidas a discusión. Si no se pisa un suelo común, no hay negociación. Habrá otra cosa, pero no negociación. Una negociación sólo es posible cuando hay algo que es innegociable. Sobre la innegociabilidad de ese algo se sustenta la negociabilidad de todo lo demás. No es verdad que en una negociación se pueda discutir todo. Se puede discutir casi todo, pero no todo. La diferencia entre ese casi todo y todo es la que media entre una negociación y una ruptura.

En el proceso constituyente de 1978 acordamos que ese algo innegociable era el principio de unidad política del Estado y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Con base en ese pacto se constituyeron todas las comunidades autónomas. En un proceso de negociación directa con el Estado, las provincias que se constituyeron por la vía del artículo 151 CE. Y sin esa negociación directa, las que se constituyeron por la vía del artículo 143 CE. La unidad del poder constituyente del pueblo español fue reconocida expresamente en todos los procesos estatuyentes. Es el fundamento en el que descansa el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Es el fundamento de la autoridad tanto de los órganos constitucionales del Estado como de los de las comunidades autónomas. Si no aceptamos residenciar la titularidad del poder constituyente de manera exclusiva en el pueblo español, toda la estructura del Estado se viene abajo. A partir de ese momento se puede discutir todo, pero no se puede negociar nada.

Este es el problema de fondo que plantea la propuesta de Ibarretxe. Formalmente, el lehendakari la presenta como una propuesta para la negociación. Incluso parece que la divisa "Por la negociación" es la que va a presidir la campaña electoral del nacionalismo en las próximas elecciones autonómicas. Y sin embargo, materialmente, su propuesta no es de negociación, porque niega las premisas en las que descansó el pacto entre el Estado y las provincias vascas que hicieron posible la constitución política por primera vez en la historia del País Vasco.

La propuesta de Ibarretxe supone la negación de la unidad del poder constituyente del pueblo español, esto es, la negación del fundamento en el que descansa el Estado de las Autonomías. Y eso los órganos constitucionales del Estado no lo podrán aceptar nunca, porque desaparecería el fundamento de su propia legitimidad. La propuesta de reforma aprobada por el Parlamento vasco pide al Estado español que renuncie a su propia legitimidad, con la finalidad de que el País Vasco tenga la que quiere tener. Renuncien ustedes a su legitimidad para que yo pueda tener la mía. Eso no es negociable. Ni en el Pleno ni en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, aunque creo que se debería haber agotado esa instancia. Pero el resultado hubiera sido el mismo. Con esa propuesta no hay nada que negociar. Entre otras cosas porque el marco constitucional que tenemos no lo permite. Y si a eso el nacionalismo vasco no le da mucha importancia, los demás sí se la damos.

Esto va a continuar siendo así, independientemente de cual sea el resultado electoral del 17 de abril. Mientras la propuesta de reforma estatutaria que venga del Parlamento vasco lo sea en los términos que ha venido ésta, el rechazo estará garantizado. Como decimos los juristas, ese rechazo está en la propia naturaleza de las cosas, en la propia naturaleza del bloque de constitucionalidad, Constitución y Estatuto de autonomía, mediante el cual se articula la estructura del Estado.