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Columna
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La ruptura del pacto

Al presidente de la Generalitat no le gustó para nada el acuerdo alcanzado por su consejero portavoz, Esteban González, con los representantes de la mayoría de los miembros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y con la presidenta de la institución, Ascensión Figueres, en Benidorm. Un acuerdo en el que se reconoce que el valenciano y el catalán son una lengua compartida con dos nombres, y en el que la AVL asume no tener competencia para decidir el nombre de la lengua e insta a los gobiernos de las comunidades afectadas a denominar el idioma. Un dictamen lleno de sentido común que no deja de ser un catálogo de obviedades. Pero al presidente no deben gustarle las obviedades ni que los demás, por muy académicos que sean, tengan ideas propias y se empeñen en defenderlas. De ahí que se haya pasado -él y sus correveidiles- las últimas semanas amenazando con modificar la ley de creación de la Acadèmia para doblegar la voluntad de quienes creen que la razón está por encima de los sentimientos porque nada hay más sólido que aquélla y nada más manipulable que éstos.

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La amenaza no es baladí y si se lleva a cabo en los términos conocidos -oposición a dictámenes sobre la denominación del idioma, elección de los académicos por las Cortes, incluido su presidente, el consenso obligatorio (!), la menor duración en el cargo y el recorte salarial- Francisco Camps será el responsable de la ruptura del pacto que puso en marcha la AVL. Ese acuerdo no se debe romper unilateralmente porque significará la traición al espíritu, a la letra y al esfuerzo de no pocas personas que concluyó en la ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Cambiar la ley, que sí se hizo por consenso, representará una ruptura de las reglas del juego y afectará a la credibilidad del Gobierno valenciano, cuyo grado de confianza se reducirá de manera notable. ¿Cómo confiar en quien contribuyó a la gestación de la AVL y luego, con razones tan peregrinas como la que apela a la "soberanía de los valencianos" (qué paralelismos se podrían establecer con esta imagen), la destruye porque no se ajusta a sus deseos? Aunque en punto a credibilidad, la más dañada, sin duda, es la del consejero portavoz. Resulta extraño -dejémoslo ahí- que Esteban González Pons niegue el acuerdo alcanzado en Benidorm; pero está por ver qué opinan de sus compromisos los representantes de la Generalitat catalana con los que se entrevistó, a la vista de la declaración de secesionismo lingüístico -"legal", eso sí- que sostiene el recurso contra el memorándum del Gobierno para el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas en la UE.

La modificación de la ley de la AVL -que para ser completa debería incluir la exigencia a la Academia Española de la Lengua para que cambie la definición de valenciano- no sólo supondrá el descrédito y la desaparición de la misma, sino lo que es peor: la balcanización del idioma, su fragmentación y la pérdida de la masa crítica que, mal que bien, hace posible su supervivencia. ¿Será eso lo que quiere el PP? ¿Que desaparezca el valenciano?

La Acadèmia es, todavía, un punto de encuentro, un lugar de diálogo y de debate que fue violentado por la autoridad civil, por supuesto, que representaba el consejero Font de Mora el pasado 22 de diciembre. Frente a acciones como ésta y frente a las amenazas, los académicos tienen que oponer la razón, sólo eso. La barbarie, como decía, creo, Bernard Shaw, no es eterna, aunque en estas tierras lo parezca.

El presidente Camps hizo del valencianismo su bandera al ocupar su cargo. Apuntillar la Acadèmia, como parece su intención, sería apuntillar su política.

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