La concertación social en clave de género

Si las mujeres contaran... es el título de la obra principal de Marilyn Waring, ilustre economista neozelandesa que en el último cuarto de siglo pasado inició una senda de pensamiento crítico con los principios de la economía clásica que invisibilizan la producción de las mujeres. Carmen Alborch le dedica un brillante capítulo en su última edición de Libres. Les cuento esto porque a mi entender el VI Acuerdo de Concertación Andaluza, visto desde la óptica de las mujeres podría titularse "Cuando se quiere que las mujeres cuenten".

Este VI Acuerdo de Concertación Social abre una estupenda puerta de entrada al empleo de las mujeres. Como decía hace años Amparo Rubiales, las mujeres no necesitamos trabajo, que ese nos sobra, lo que necesitamos es empleo; y empleo de calidad y acorde con nuestras capacidades. Y a eso se dirige la suma de esfuerzos que han suscrito Gobierno, patronal y sindicatos andaluces.

Y se dirige de forma innovadora y transversal. Innovadora porque incorpora medidas para corregir las desigualdades por razón de género, es decir entre hombres y mujeres, a lo largo y ancho del acuerdo, en la línea horizontal y en todos los ejes de actuación de forma transversal, incluyendo actuaciones de incidencia directa, indirecta e integral.

Este acuerdo recoge de forma avanzada el marco estratégico promovido en la Cumbre de Lisboa, que destacaba la importancia de una participación equilibrada de hombres y mujeres en la vida profesional y familiar y fijaba el objetivo de alcanzar el 60% en la tasa de empleo femenino para 2010. Andalucía ha apostado decididamente para que este objetivo impregne todas las políticas y objetivos sociales que impulsa su administración.

Las mujeres andaluzas nos hemos incorporado en condiciones de igualdad desde hace muchos años a la enseñanza reglada profesional. En la mayoría de los casos los resultados académicos son incluso mejores que los de los hombres. Algunos datos nos muestran esta situación. Desde 1996 a 2003 la tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la universidad es por término medio un 10% superior en mujeres que en hombres. Cada curso acceden por término medio 2.000 mujeres más que hombres a esta enseñanza. Desde 1997 las mujeres han incrementado su acceso a los estudios superiores en un 7,5% mientras los hombres en un 5%. El número de graduadas en educación universitaria es superior en más del 50% al de graduados en enseñanzas de ciclos cortos y en más del 35% en los de ciclo largo. Recientemente se han otorgado por esta Consejería los premios a los mejores expedientes académicos 2004 en las licenciaturas de Economía y Dirección y Administración de Empresas y de 13 premiados, 10 eran mujeres.

Sin embargo estos inmejorables resultados académicos no se han traducido con el mismo rigor en una mayor incorporación al mercado laboral más cualificado. Y ninguna economía que pretenda ser competitiva puede permitirse semejante derroche. Que una parte sustancial de la fuerza laboral más cualificada no se incorpore al tejido productivo y quede infrautilizada es manifiestamente ineficiente desde el punto de vista económico e incompatible con el desarrollo social.

En 2003, seis de cada 10 mujeres en edad de trabajar eran consideradas como "población inactiva". En términos generales, de cada seis mujeres consideradas inactivas, tres se dedican a "labores del hogar", dos son jubiladas o pensionistas y una es estudiante. Dado que en los próximos años estos dos últimos grupos previsiblemente quedarán estancos o aumentarán, el esfuerzo para incorporar a la mujer al mercado laboral tiene como población diana a esa mitad de las "inactivas" que se dedican a las labores del hogar. En este acuerdo de concertación se configura una línea de trabajo específicamente dirigida a fomentar la incorporación al mercado laboral de las mujeres tras la maternidad, momento critico en el que se produce el mayor número de abandonos.

Otro problema crónico del empleo de las mujeres es su segregación laboral en determinadas ramas de actividad. Es significativo que la proporción de mujeres empleadas no llega al 2% en la industria, la construcción o los transportes, tres de los sectores con mayor crecimiento en dinámica de empleo en los últimos años. Sin embargo el porcentaje de mujeres empleadas en la administración pública duplica el de los hombres.

Romper este techo de cristal para que el aumento del empleo en estos sectores incluya también a las mujeres exige un considerable esfuerzo por parte de empresarios, sindicatos y administración. Pero exige también que la calidad en el empleo sea un objetivo estratégico del marco laboral.

Este acuerdo incluye medidas directas e indirectas para favorecer el empleo de las mujeres, pero lo realmente innovador, lo que revolucionará el marco laboral, el punto de inflexión que marcará un antes y un después, es el carácter paritario (ningún sexo representado más del 60% o menos del 40%) que tendrán todos los grupos de trabajo y comisiones que se formen para desarrollarlo.

Carmen Martínez Aguayo es viceconsejera de Economía.