Bolivia, hacia el Estado autonómico
El Gobierno central cede al ímpetu federalista de Santa Cruz y acepta que las regiones elijan a sus gobernadores
Cuando el pasado viernes ante 300.000 personas el líder del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rubén Costas, proclamó la autonomía y exigió una salida hacia el Atlántico, no hacía sino reflejar una disputa que existe en Bolivia desde que proclamara su independencia de España en 1825, pero que se ha agravado en los últimos decenios ante el desarrollo de la región, que se ha convertido en el motor de la economía nacional.
Las cifras oficiales reflejan este peso. Sobre los nueve departamentos en los que está dividida Bolivia, Santa Cruz -situada en el este del país- produce el 40,6% del PIB nacional en agricultura, el 35,6% del comercio y el 35,6% en el sector de finanzas y seguros. Su aportación al PIB nacional total supera el 30%. De la inversión extranjera directa, el 43,8% se concentra en el departamento autonomista y sus exportaciones al extranjero representan el 54% del total nacional.
El desigual desarrollo de las regiones ha agravado un conflicto que viene de lejos
El presidente ha adoptado una actitud conciliadora y juzga "justas" las demandas
"Vivimos en un país centralista donde hasta el documento más pequeño pasa por La Paz y las políticas de desarrollo están obligadas a recibir el visto bueno de la burocracia de la capital. Por esto, muchas iniciativas quedan en el olvido. Sólo queremos que nos den la oportunidad de hacer políticas de desarrollo, lo cual es bueno para todo el país", asegura Gabriel Jellenín, dirigente de la Central Obrera Departamental.
En Bolivia el peso de la Administración central es determinante. Hasta los años ochenta, los nombramientos de funcionarios en todas las administraciones dependían del ministerio correspondiente. Entonces -y con otro levantamiento en Santa Cruz de por medio- se accedió a que alcaldes y concejales fueran elegidos por sufragio universal, pero el nombramiento de gobernadores era hasta ayer prerrogativa del presidente de la República. El Ejecutivo boliviano ya ha anunciado que en abril o junio se celebrarán elecciones a gobernador en todos los departamentos.
Uno de los datos clave que explica el estallido de esta crisis es que la región consume el 45,3% de todo el combustible diesel nacional; por eso, cuando el pasado diciembre el presidente Carlos Mesa tomó la decisión de subir por decreto el precio un 15% se desencadenó una oleada de protestas que en Santa Cruz tuvieron una especial repercusión. La Central Obrera Boliviana convocó paros y en las principales ciudades de la nación se produjeron manifestaciones. En Santa Cruz empresarios y sindicatos formaron una inusual alianza. A lomos del descontento se sumaron las viejas querellas con el Gobierno central y se aceleró el movimiento autonomista.
Al grito de "¡Autonomía y trabajo, autonomía carajo!", 150.000 personas recorrieron ya el pasado mes de junio el centro de la ciudad, en lo que se ha denominado el cabildo de junio. Entonces, se otorgó al Gobierno central un plazo que expiraba en diciembre para que convocara un referéndum sobre la autonomía de la región.
Pero en el punto de mira de los autonomistas no está sólo el Gobierno central, sino también la inestabilidad de los últimos años. Los sindicatos cruceños y los empresarios locales comparten reticencias hacia los movimientos indigenistas de El Alto, una depauperada aglomeración de 200.000 personas pegada a La Paz que paraliza la capital con sus protestas. "No hay equidad en el país, los que bloquean las avenidas son rápidamente atendidos", denuncia Jellenín. "En La Paz hay un poder natural, pero sobre todo existe un poder desestabilizador en El Alto", corrobora Óscar Ortiz, gerente de la Cámara de Industria de Santa Cruz. "Se están imponiendo visiones como las de Evo Morales
[dirigente indigenista], que si se hacen con el poder nos llevarán a un proceso de retraso", subraya Ortiz, quien advierte: "Morales está financiado por Chávez [presidente de Venezuela] y están creando un problema donde no lo había".
Bolivia es un país formado por los territorios que pertenecieron a dos virreinatos distintos -Lima (Perú) y La Plata (Argentina)-; por ello una parte del país mira hacia el Pacífico y la otra hacia el Atlántico. La Paz pertenecía al primer virreinato, y Santa Cruz, al segundo. La capital se situó primero en Charcas y luego en Sucre, hasta que en 1885 se libró la guerra federal. Tras la victoria de los centralistas se fijó en La Paz. "En Santa Cruz todo cambió con la llegada del ferrocarril. En cinco décadas hemos pasado de 50.000 habitantes a 1,5 millones, y crecemos a razón de 100.000 habitantes al año", apunta el empresario Óscar Ortiz.
"Los departamentos somos colonias del Gobierno central", señala Jorge Lanidivar, ex ministro que ahora se ha sumado al movimiento autonomista. "La elección de un prefecto por parte del cabildo es un paso hacia la autoadministración", añade. Lanidivar rechaza las acusaciones de secesionismo. "Nos tachan de separatistas y se han olvidado del problema del gasolinazo".
Desde La Paz, el presidente Mesa ha gestionado la crisis en un tono conciliador, tanto que la prensa de Santa Cruz le acusa de subirse al caballo ganador al reclamar la paternidad de la idea del Estado autonómico. Mesa ha evitado los disturbios, ha calificado de "justas" las reivindicaciones y ha ordenado que se eviten los enfrentamientos. "No me voy a quedar aquí si me ponen contra la pared para matar compatriotas para preservar el orden público", subrayó Mesa con ocasión de las movilizaciones desatadas tras el gasolinazo. Y es que el actual presidente llegó al poder sustituyendo a Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció tras dos semanas de violentos enfrentamientos entre civiles y policías que se saldaron con 70 muertos y más de 200 heridos. Mesa ha proclamado que no terminará como su antecesor.
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