Caldera promete que se reforzarán las unidades policiales contra la violencia machista

El Gobierno reforzará las unidades de protección a las maltratadas y creará antes del verano la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó ayer, aprovechando la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, un informe con las principales medidas preventivas, educativas, de protección y asistenciales.

El ministro prometió que los 722 agentes que, según Interior, están especializados en la protección de las víctimas de la violencia de género se reforzarán "este año y los siguientes a medida que la oferta de empleo público y reposición de plazas lo permita". Para ello, adelantó, Interior elaborará un plan de "actuación inmediata" de refuerzo de estas unidades, integradas en la actualidad por 472 agentes de policía y 250 guardias civiles (los sindicatos los rebajan a un total de 350). Para este año el departamento de José Antonio Alonso prevé crear 200 plazas en el Servicio de Atención de la Mujer, que tiene un carácter más asistencial que de protección. Caldera no determinó si el refuerzo se corresponde con estas previsiones o si se sumará a ellas.

Agentes locales

El ministro de Trabajo también valoró el protocolo que ultima Interior con la Federación de Municipios para que la Policía Local pueda cooperar en la protección de las mujeres.

Seis mujeres han muerto en enero a manos de sus parejas o ex parejas; dos de ellas contaban con una orden de alejamiento. Se trata del balance más sangriento de los últimos siete años. Por este motivo, el 1 de febrero se reunirá la comisión de seguimiento de la orden de protección, que además estudiará la adaptación del protocolo de actuación a la nueva ley.

Según Ángeles Álvarez, portavoz de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, no se están aplicando correctamente los protocolos. "Lo que hace falta es que los jueces y policías dejen de pelearse sobre quién debe emitir el dictamen de riesgo en cada caso y que éste se establezca con precisión", reclama. En su opinión, si falla este eslabón de la cadena, "es imposible que se actúe correctamente a la hora de ofrecer una protección eficaz a las mujeres".

Álvarez indica que uno de los aspectos que antes habrá de abordar el Ejecutivo tras la entrada en vigor de la ley, es la puesta en marcha de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Y explica la urgencia e importancia de su reclamación: "Será el delegado o delegada del Gobierno quien se encargue de todas las políticas y aspectos relacionados con la ley y de la coordinación de las acciones con las comunidades autónomas, fuerzas de seguridad y la judicatura". El Instituto de la Mujer prevé que esta delegación, que estará adscrita al Ministerio de Trabajo, dé sus primeros pasos en el segundo trimestre del año, antes del verano.