El Gobierno convoca al nuncio para protestar por las críticas de Juan Pablo II

De Estado a Estado. Así respondió ayer el Gobierno de España al discurso del Papa del lunes pasado, en el que el sumo pontífice del catolicismo y jefe del Estado de la Santa Sede, Juan Pablo II, rodeado de varios obispos españoles, entre ellos el cardenal Antonio María Rouco, criticó con severidad varios aspectos de la política española y denunció supuestas limitaciones a la libertad religiosa. También dijo que "en algunas partes [de España] se vive la confrontación social" por el reparto del agua. El Ejecutivo convocó ayer al nuncio (embajador) del Papa al Ministerio de Exteriores para expresarle su malestar. El nuncio, Manuel Monteiro de Castro, fue despachado por el subsecretario del ministerio, Luis Calvo Merino.

El Papa, que esta semana está recibiendo en Roma a todos los obispos españoles en una visita ad limina [obligada cada cinco años para todos los prelados], reiteró el lunes punto por punto las críticas que la jerarquía de la Iglesia católica en España hace al Gobierno socialista desde que éste tomó posesión, en la primavera pasada: laicismo agresivo y fundamentalista, incumplimiento de los pactos con la Iglesia sobre la enseñanza religiosa o subversión moral en materia de sexo y costumbres, con la anunciada legalización de los matrimonios gays, la ampliación de las leyes del divorcio y el aborto, la supuesta legalización de la eutanasia, o la autorización para investigar con embriones humanos.

En concreto, el Papa acusó al Gobierno de promover "la indiferencia religiosa y a un cierto relativismo moral, que influyen en la práctica cristiana y que afecta consiguientemente a las estructuras sociales mismas". También reprochó a España el que "algunas zonas viven en la abundancia mientras otras tienen graves carencias". "En algunas partes se vive la confrontación social por un recurso natural: el agua; siendo ésta un bien común, no se puede despilfarrar ni olvidar el deber solidario de compartir su uso", dijo, además, dando paso a interpretaciones casi unánimes de que se estaba refiriendo a la derogación del plan hidrológico del Gobierno del PP, que contemplaba varios trasvases de agua.

El subsecretario de Asuntos Exteriores, Luis Calvo, encargado de despachar ayer con el nuncio del Vaticano en España, el arzobispo portugués Manuel Monteiro de Castro, expresó el disgusto de las autoridades españolas por esas referencias del Papa. "El Gobierno español expresa al señor nuncio su extrañeza por la referencia explícita que contiene el citado discurso a un supuesto laicismo restrictivo que pudiera limitar la libertad religiosa y que el mismo pudiera ser atribuido a una actitud deliberada del Gobierno", dice el primer punto del comunicado de 25 líneas hecho público ayer tarde por la Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El régimen docente

Calvo manifestó también al nuncio su extrañeza por la mención de Juan Pablo II al "deber que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho a la enseñanza religiosa y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio". El subsecretario subrayó en este sentido que el régimen docente de la enseñanza religiosa está regulado por el acuerdo que suscribieron España y la Santa Sede en 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales.

En la reunión, que se celebró en el Palacio de Santa Cruz, Calvo expresó, por último, al arzobispo Monteiro el deseo del Ejecutivo "de mantener un fructífero entendimiento con la Iglesia, mediante un diálogo permanente basado en el respeto profundo del ámbito de competencias que los acuerdos entre España y la Santa Sede reconocen a ambas partes".

No es la primera vez que un Gobierno español llama a capítulo al embajador de la Santa Sede en Madrid. Lo hizo en junio de 2002 el Ejecutivo del PP, cuando el entonces ministro de Exteriores, Josep Piqué, convocó al nuncio Monteiro para expresarle "el disgusto y el malestar" por una pastoral de los cuatro obispos vascos que criticaba la futura ilegalización de Batasuna, impulsada por el presidente José María Aznar y el PSOE. Además de la protesta formal expresada en Madrid, el embajador de entonces en el Vaticano, Carlos Abella, pidió ser recibido en la Santa Sede. Varios prelados expresaron en aquella ocasión sus quejas por el trato del Gobierno, que, según algunas voces eclesiásticas, les había tratado como a una potencia extranjera o como un partido político.

Aquella crisis era la primera desde la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975 y tras los incidentes diplomáticos de 1974 entre ambos estados a causa del caso Añoveros [la pastoral del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, sobre la situación del País Vasco].