Acebes anuncia medidas legales contra la detención de dos militantes del PP

El PP cerró ayer filas en torno a sus dos militantes detenidos el pasado martes por su presunta implicación en la agresión contra el ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El secretario general del partido, Ángel Acebes, anunció la adopción de acciones penales y políticas en respuesta a lo que calificó de "atropello democrático". Acebes atribuyó a los dos dirigentes populares de Las Rozas (Madrid) la condición de "detenidos políticos, propia de las dictaduras", y aseguró que en su arresto "existen ilícitos penales".

Acebes aseguró que Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz fueron detenidos "sin la más mínima prueba, base documental ni intervención judicial", por "ser militantes del PP" y por haber ejercido el "derecho constitucional" de manifestación. Agregó que "esta actuación ha rebasado todos los límites permitidos en democracia" y constituye "una acción político-policial [...] impropia de un Estado democrático y propia de las dictaduras".

El secretario general del PP sugirió, planteándolo retóricamente como interrogante, que "hubo tres instructores en tres días" de diligencias policiales y que "se cesó al segundo responsable de la investigación por no querer realizar estas detenciones, a lo que el comisario le dijo: 'el ministro [del Interior, José Antonio Alonso] quiere detenciones y habrá detenciones".

Fuentes policiales explicaron que el inspector de la Brigada de Información de Madrid Heliodoro Cruz, que hacía las funciones de secretario de las diligencias policiales, expresó el lunes su disconformidad con la detención de los militantes del PP, ya que entendía que no había indicios suficientes para imputarles los delitos de amenazas y atentado contra la autoridad, por lo que fue destituido verbalmente por su jefe, el comisario Rodolfo Ruiz.

Sin embargo, esa misma noche, el jefe superior de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, telefoneó a Cruz para decirle que no estaba destituido, ya que él era el único capacitado para adoptar tal decisión. Ayer, según las mismas fuentes, el inspector seguía ejerciendo sus funciones con normalidad.

Según consta en las diligencias policiales, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz fueron citados porque se les identificó como las dos personas que aparecían en las imágenes difundidas por los medios de comunicación cerca de Bono "adoptando una actitud y gestos amenazantes".

Se acordó citarles para "ser oídos en declaración y delimitar su presunta vinculación con los sucesos investigados", pero una vez que se personaron en la comisaría de Moratalaz, "de forma voluntaria", el instructor decidió que, "por su presunta vinculación en los delitos de amenazas y atentado se proceda a informarles de los derechos constitucionales que les asisten". Ello ocurrió, según consta en las diligencias, a las 13 horas del pasado martes. A las 13.45, se personó un abogado designado por los dos militantes del PP. A las 14.50 y a las 16 horas, Barrios y De la Cruz fueron "puestos de forma inmediata en libertad, no sin antes ser advertidos de su obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando oportunamente sean requeridos al efecto".

La investigación policial comienza explicando que, a las 17.45 del sábado, cuando la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) transcurría entre las calles de Alcalá y Vírgen de los Peligros de Madrid "se tuvo conocimiento de que el ministro de Defensa, José Bono, que asistía a la manifestación acompañado, entre otros, por la eurodiputada del PSOE Roda Díez, estaba siendo increpado, amenazado y zarandeado por diversos manifestantes que se encontraban en sus proximidades, tras cuyos hechos el señor ministro decide abandonar el acto en ese punto, acompañado de los miembros de su escolta oficial, uno de los cuales resultó herido en el transcurso de los incidentes".

Acebes anunció que ayer que el PP pedirá la comparecencia urgente del ministro del Interior en el Congreso. Como el periodo de sesiones no comienza hasta el 1 de febrero, el PP pretende que se reúna la Diputación Permanente de la Cámara para acordar una sesión extraordinaria. Aunque sin tanta premura, el PP también quiere que comparezca el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces Barba, para que explique su ausencia en la manifestación.

La batería de iniciativas del PP incluye también el Senado, donde ha pedido el atestado policial que dio origen a las detenciones, la comparecencia urgente del ministro del Interior y la del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Alfredo Prada, responsable de la Asesoría Jurídica del PP de Madrid, anunció que Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz recibirán asistencia para las acciones legales que decidan ejercer "como personas perjudicadas". Prada se reunió ayer con ambos para transmitirles "el respaldo" del partido.