El déficit fiscal se situó entre 8.400 y 12.300 millones de euros en 2002, según los expertos de la Generalitat

Entre 8.400 y 12.300 millones de euros. O lo que es lo mismo: entre el 6,4% y el 9,4% del PIB catalán. Ése es el déficit fiscal que Cataluña tuvo en 2002 con el Estado, según las estimaciones que ultiman los expertos independientes nombrados por la parte catalana de la comisión de valoraciones Estado-Generalitat. Los expertos, que concluirán sus trabajos el lunes, no presentarán una cifra cerrada, sino una horquilla con los dos porcentajes. En 2001, el saldo negativo se situó entre el 6,5% y el 9,5% del PIB; esto es, entre 8.000 y 11.800 millones de euros. La estrategia de la Generalitat a partir de estas cifras para negociar un nuevo modelo de financiación aún no está diseñada, pero dos consejeros de ERC apuestan por pactar con el Gobierno una reducción del déficit al 5% del PIB en 10 años.

El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos que percibe la Administración central procedentes de Cataluña -esto es, grosso modo, los impuestos que pagan los catalanes al Estado- y el gasto y la inversión que realiza la Administración central en la comunidad catalana.

Los cálculos de los expertos corresponden a 2001 y 2002, los dos últimos ejercicios cuyo presupuesto ha sido ya liquidado. Las ocho personas que integran la comisión, que recibieron el encargo de la parte catalana de la comisión mixta de valoraciones Estado-Generalitat de actualizar las estimaciones del saldo fiscal, todavía no han consensuado unos datos definitivos. Pero tras la última reunión, celebrada el pasado martes, la gran mayoría se inclina por cifrar el déficit fiscal en el 9,5% del PIB en 2001 y en el 9,4% en 2002.

Ésta es la estimación que se obtiene de tomar como referencia la localización geográfica del gasto que realiza el Estado en cada territorio, criterio conocido como flujo monetario. Los expertos prefieren este criterio. Las cifras inferiores de ambas horquillas (un 6,4% del PIB en 2002 y un 6,5% en 2001) corresponden al criterio del flujo de beneficio, igualmente sólido, según los expertos, y que tiene en cuenta el lugar de residencia de los ciudadanos que se benefician del servicio prestado.

El objetivo del Gobierno catalán es reducir este porcentaje a un máximo del 5% del PIB en un plazo de 10 años, según dos miembros del Ejecutivo que preside Pasqual Maragall, ambos de Esquerra Republicana.

Otras fuentes del Gobierno catalán insisten en que la fórmula de reducción y la estrategia de negociación con el Gobierno central no están aún acordadas.El documento que presentarán los expertos, de unas seis páginas, podría incluir la horquilla de porcentajes obtenidos con las dos metodologías y una explicación de ambas, según las mismas fuentes.

La comisión se ha basado en los trabajos elaborados, entre otros, por Antoni Castells (antes de ser consejero de Economía y Finanzas del Gobierno catalán), Núria Bosch, Marta Espasa, Guillem López Casasnovas y Maite Vilalta. Bosch y López Casasnovas forman parte del grupo de expertos junto con Joan Francesc Corona, Joan Carles Costas, Eduard Rius, Ramon Tremosa, Matias Vives y Antoni Zabalza.

Las primeras propuestas para el sistema de financiación autonómica del nuevo Estatut -elaboradas por ERC y CiU- están ya sobre la mesa. Y prácticamente coinciden. Josep Huguet, consejero de Comercio, Turismo y Consumo del Ejecutivo catalán, lanzó a finales del pasado año la propuesta de ERC, basada en un modelo "similar al concierto económico del País Vasco y Navarra", que incluya una agencia tributaria propia y una cuota de solidaridad entre las distintas comunidades que alcance un máximo del 1,5% del PIB, además de una segunda cuota al Estado por los servicios no transferidos.

"La suma de estas dos cuotas no debe superar el 4% del PIB", aclaró ayer Huguet, que se reunirá con Castells el próximo lunes para cotejar su propuesta con el consejero de Economía y Finanzas. Huguet explicó que es partidario de acometer una reducción paulatina del déficit fiscal catalán.

"El objetivo del modelo de financiación que se incluirá en el Estatut es buscar el máximo consenso para reducir el déficit fiscal catalán al 5% del PIB en un plazo máximo de 10 años", dijo. Esa cifra corresponde con el saldo fiscal negativo de regiones europeas similares a Cataluña que pertenecen a Estados federales, como varios länder en Alemania.

El líder de CiU, Artur Mas, propuso la semana pasada una solución similar: una cuota de solidaridad del 2% del PIB y una cuota por los servicios no transferidos de un máximo del 2% del PIB. Es decir, una aportación máxima al Estado del 4% del PIB -la misma cifra que plantea ERC- con una fórmula similar a la de las comunidades forales, que Mas denominó "acuerdo económico".

Tanto Castells como el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, aceptan la propuesta de CiU como punto de partida para la discusión. Según fuentes socialistas, el modelo de CiU tiene mucho en común con los planteamientos del Ejecutivo catalán, plasmados en el Pacto del Tinell, que permitió formar gobierno al PSC, ERC e ICV.