Las preguntas del 'caso Gomérez'

La muerte de un trabajador ecuatoriano en situación irregular en una demolición promovida por el Ayuntamiento de Granada en la cuesta de Gomérez está ya en los tribunales. La presunta falta de seguridad, la presencia de operarios sin papeles y la cadena de subcontratas que se produjo durante el derribo, podrían suponer responsabilidades penales o civiles para el consistorio, gobernado por el PP. El pasado viernes, la fiscalía de Granada anunció que investigará por qué el Ayuntamiento adjudicó la demolición por un importe superior al coste estimado de la obra. El equipo de gobierno ha decidido dar carpetazo al al caso con su negativa a crear una comisión de investigación, pero algunas cuestiones quedan sin resolver. Son estas.

- Inseguridad. Los técnicos municipales no detectaron los supuestos riesgos con que se ejecutó la demolición. El atestado de la Policía Local tras el accidente concluyó que el derribo carecía de suficientes medidas de seguridad. Los agentes relataron en su informe que los albañiles trabajaban sin casco ni calzado adecuado y que, para que los bomberos aseguraran lo que quedaba de edificio, tuvieron que pedir material en obras cercanas.

La encargada de comunicar al Ayuntamiento estos riesgos era María Paz García, una aparejadora nombrada por el consistorio directora técnica y coordinadora de seguridad de todas las obras subsidiarias municipales en 2001. El sueldo de la coordinadora corría sin embargo por cuenta de Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., la empresa que, con distintos nombres, ejecuta estas obras en Granada desde 1989. A pesar de ello, en la única relación de obras presentada por la contratista, la firma de la jefa de seguridad aparece bajo el epígrafe "técnico municipal", junto a la de la administradora de la empresa. Urbanismo aprobó esa certificación (de 31.026 euros) el 19 de noviembre sin que la compañía adjuntara los documentos de cotización a la Seguridad Social de sus trabajadores (TC1 y TC2), requisito imprescindible según la normativa municipal que hubiera servido para certificar que los obreros no eran ilegales.

El concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, asegura que García no formaba parte del organigrama del Ayuntamiento, aunque el edil reconoce que la coordinadora de seguridad se reunía periódicamente con los técnicos de Urbanismo, a los que, supuestamente no dio información sobre las supuestas deficiencias en seguridad. El pliego de condiciones por el que se adjudicaron las obras obligaba a la empresa a entregar un parte diario de su marcha, pero entre la documentación del expediente de la demolición no consta ninguno de ellos.

- Cadena de subcontratas. La ley de Contratos de las Administraciones Públicas prohibe subcontratar una obra por la totalidad de su importe estableciendo el límite en el 50%, con la obligación para la constructora de informar a la administración promotora, en este caso el Ayuntamiento de Granada.

En la demolición de Gomérez, la contratista municipal no tiró ni un solo ladrillo del edificio, sino que encargó todo el trabajo (y por tanto todo su importe) a su subcontratista (Hermanos Rodríguez S.B.) por algo más de 36.000 euros (la obra se adjudicó en 38.007 euros). A su vez, esta segunda empresa volvió a subcontratar con Alsa S.L., la constructora para la que trabajaba el ecuatoriano. El responsable de esta última empresa declaró en el juzgado tras el accidente que se había comprometido con Hermanos Rodríguez de forma verbal (sin ningún contrato de por medio) a efectuar el derribo por 18.000 euros.

El Ayuntamiento de Granada asegura que desconocía la cadena de subcontratas porque Rehabilitaciones y Demoliciones Granada tampoco le informó. La copia del contrato entre la empresa encargada de hacer las obras y su subcontratista llegó al área de Urbanismo un día después del accidente mortal, según el equipo de gobierno del PP.

- Denuncia vecinal. Pero la contratista no fue la única vía por la que el Ayuntamiento pudo conocer las condiciones en que se desarrollaban las obras de Gomérez. El propietario del edificio colindante presentó un escrito dos meses antes del accidente (21 de octubre) en el que advertía sobre los riesgos de los trabajos. "[La obra] pone en peligro la seguridad de los transeúntes y vehículos al no contar con las más elementales medidas de seguridad", denunciaba el vecino del inmueble, que advertía de que los trabajos podrían llegar al extremo "de producir alguna desgracia personal".

El denunciante se quejaba también de la supuesta falta de cualificación de los trabajadores del derribo al relatar cómo el día anterior a la denuncia, habían provocado un incendio en el forjado de la última planta del edificio en demolición "debido a las fogatas que encienden a diario en la obra". Los bomberos del Ayuntamiento tuvieron que acudir a la obra para sofocar las llamas, pero su informe no consta entre los documentos del expediente.

Dos días después de la presentación de la denuncia, los técnicos de Urbanismo se pusieron en contacto con la coordinadora de seguridad de la obra, que aseguró haber adoptado las medidas oportunas "con amonestación a los trabajadores e incluso el despido de algunos que no habían cumplido correctamente su cometido". Para entonces, la empresa para la que trabajaba la directora técnica, hacía un mes que había subcontratado la obra.

- Inspección. El mismo día en que se presentó esa denuncia, un inspector del área de Urbanismo visitó la demolición para contrastar las quejas de los vecinos. Esa visita municipal tampoco sirvió para descubrir las sucesivas subcontratas ni la falta de permiso de residencia de algunos de los operarios extranjeros que allí trabajaban.

- Reincidencia. La del ecuatoriano Guillermo Estalin no es la única muerte que consta en el historial de obras encargadas a Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. El 26 de diciembre de 2000 murió otro obrero (de nacionalidad española) en una demolición ejecutada por la empresa en el callejón de los Franceses. El siniestro no impidió que el Ayuntamiento adjudicara de nuevo el contrato de todas las obras subsidiarias a la empresa durante el mandato del socialista José Moratalla. El PP tuvo conocimiento de ese fallecimiento al menos el 19 de abril, cuando García-Royo firmó un escrito remitido al juzgado encargado de esclarecer el accidente, pero no suspendió el contrato con la empresa hasta el pasado viernes.

- Pago tras el siniestro. El equipo de Gobierno del PP pagó 31.026 euros a su contratista por la demolición de Gomérez el 27 de diciembre, sólo seis días después del accidente en el que murió el ecuatoriano. El Ayuntamiento conocía entonces la cadena de subcontratas irregulares, la falta de permiso de trabajo de algunos albañiles y la carencia de medidas de seguridad. El atestado de la Policía Local y una copia del contrato por el que su contratista cedió la obra fueron sus fuentes.