El acuerdo
Ocurre que cada vez que escribo sobre el reciente y todavía vivo conflicto entre el gobierno valenciano y la AVL parece que sólo son objeto de crítica los académicos proponentes del acuerdo que no pudo tratarse el pasado 22 de diciembre, y me olvido del resto de actores. Algunos lectores, incluso, me recriminan que sea condescendiente con los que, en su opinión, no tienen razón, y severo con el resto. Sin embargo, si se analiza la cuestión en frío y sin olvidar qué es lo fundamental a preservar en el papel de la AVL, la cosa cambia. Y puesto que lo dicho, dicho está, y las rectificaciones con entidad se dan cuando son los propios actores del conflicto sus protagonistas y no cuando quien hace de cronista desde el compromiso con la lengua propia vuelve sobre su propia mesura, me permito añadir a la dilatada lista de razones que aconsejaron desde siempre la prudencia allí donde le es más natural, las que los recientes hechos vierten en el asunto. Así, la prensa ha informado de sendas reuniones que el conseller portavoz del gobierno valenciano ha mantenido con la presidenta y dos miembros de la junta de gobierno de la AVL, y con los académicos (llamémosles) en minoría ante el acuerdo en litigio. De la primera reunión ha trascendido que el conseller y los dirigentes de la AVL habrían repasado detenidamente el borrador del acuerdo dándole una redacción más suave a algunos (pocos) puntos, salvando el texto, el espíritu y la intención que en él subyacen; de la segunda, se sabe poco, y lo poco que hay no parece trascendente.
Que, paralelamente, el conseller valenciano haya mantenido contactos con otros actores de un modo u otro implicados en el problema y en la solución (también con políticos catalanes, y, muy especialmente, con Joan Rigol, el dirigente demócrata-cristiano catalán, ex vicepresidente del Senado en la legislatura 1996-2000, y con el que Esteban González Pons tuvo -y, al parecer, tiene-, un especial feeling), apunta a la voluntad de llegar a una solución consensuada del texto también extramuros de la AVL, y enjugar con ella las reticencias políticas ante sus presuntos excesos (algo que debe descartarse, a juzgar por lo que se sabe de él, de sus versiones y de su pulcritud). Esa solución habría de tener el lógico y correspondiente correlato en el interior de la institución, pues lo que puede satisfacer a la visión política externa a ella no necesariamente ha de cosechar la totalidad de los votos de los académicos. Es decir, que el esfuerzo político que el gobierno hace fuera de la AVL para que lo que se acuerde dentro resulte plenamente satisfactorio en el ámbito político no empece a que puedan persistir aristas técnicas que sólo los académicos están capacitados para limar, discutir, y, en su caso, acordar, o bien por unanimidad, o por mayoría, manteniendo, si es menester, votos particulares y específicas abstenciones ante determinadas afirmaciones. Yo no veo a los académicos siempre de acuerdo en todo, ni antes, ni ahora, ni después, y tampoco hay que dramatizar si no nos dan siempre la razón (por ejemplo: ¿Es la ibòla, taibòla, l'ibòla -o, con uve-, el paraje entre Aín y Almedíjar? ¿Es latín, árabe, eusquera, berebere?); por lo que si un acuerdo mayoritario que resuelve el trauma político de estas últimas semanas va acompañado de meditados y lúcidos votos particulares en contrario (no votos pelados sí y no, que no son nada entre académicos) sólo será un paso hacia la normalidad, aunque el acuerdo se vote en junio, que fue lo primero que sugerí cuando empezó la tormenta.
Vicent.franch@eresmas.net
