Migraciones: políticas proactivas en España

EL CONSEJO NACIONAL de inteligencia de Estados Unidos, un organismo de expertos independientes que asesora al director de la CIA, hizo público hace unos días un informe sobre las tendencias globales de seguridad y conflictividad en el que se hablaba de un mundo caracterizado por una creciente sensación de inseguridad, basada tanto en las percepciones psicológicas como en amenazas físicas; en cuanto a las primeras, hacía referencia explícita a los movimientos migratorios. Poco después, en el acto organizado por el Parlamento de Marruecos, el rey Juan Carlos insistió en la inmigración irregular que, a través de las pateras, relaciona a ese país con España, y dijo que no podemos permitir "que los mares que nos unen se conviertan en fosas comunes de vidas segadas en su plenitud".

Los movimientos de personas forman parte central de las agendas de todos los Gobiernos. Hay que prestar tanta atención a los inmigrantes que llegan como integrar a aquellos que han decidido quedarse entre nosotros

Son dos de las últimas manifestaciones sobre un asunto, la inmigración, que forma parte central de las agendas de los Gobiernos de todo el mundo y, desde luego, del nuestro, sea del signo que sea. ¿Cómo mejorar las políticas migratorias de un fenómeno de carácter ya permanente, no transitorio, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los ciudadanos que emigran no tiene la intención de regresar a su país de origen? A estas cuestiones dedica sus páginas un trabajo realizado por el Instituto Elcano y el Ortega y Gasset (Inmigraciones: prioridades para una nueva política española) y coordinado por Joaquín Arango y Rickard Sandell.

En dicho trabajo se parte de la creciente insatisfacción sobre las políticas de inmigración practicadas, demostrada en los continuos cambios que de forma irremediable hay que hacer para adaptarse a la realidad. Un modelo como el español, que tiene como ejes la lucha contra la inmigración ilegal (entendida sobre todo como refuerzo de los controles fronterizos y agilización de las expulsiones) y en la primacía de la contratación de origen como vía preferente, si no única, de acceso al mercado de trabajo para los extranjeros, no ha funcionado bien ni se ha revelado realista.

En España, la inmigración se rige sobre todo por los cupos de inmigrantes. Por ello, el hecho de que el contingente anual canalice sólo una pequeña fracción (compuesta en su mayoría por trabajadores temporales) de la inmigración, constituye un indicio de que los mecanismos que el Estado ha elegido para gestionar la inmigración regular no están funcionando según lo previsto. El informe se pregunta -y la cuestión permite deducir una respuesta seguramente positiva- si no sería posible cambiar las políticas hacia un planteamiento proactivo, estableciendo un objetivo anual de inmigración que permitiría trabajar con más certidumbre en dos terrenos: una asignación de recursos y una planificación de actividades de integración más acertada: se podría dimensionar el gasto del Estado con respecto a la inmigración, y, segundo, crearía oportunidades de inmigración regular en lugar de la irregular que hoy existe. Para este objetivo habría que tener en cuenta aspectos más amplios que la mera coyuntura y contemplar las necesidades generales de recursos humanos, considerando puntos como el volumen más deseable de población, las previsiones acerca del crecimiento económico de cada ejercicio, el aumento de la población, las previsiones de desempleo o la capacidad de facilitar los recursos necesarios para atender a la población inmigrada.

Entre las prioridades que debería abordar una política de inmigración más realista, el informe del Instituto Elcano destaca la necesidad de prestar tanta atención a los que llegan como a los que permanecen en nuestro país. Para ello sería preciso promover objetivos de integración mínima, como la inclusión legal, el conocimiento del castellano, nociones básicas relativas a la Constitución y los derechos constitucionales de los ciudadanos por el hecho de serlo, así como en lo relativo a educación, vivienda o mercado de trabajo. Ésta sería una política activa de inmigración.