Defensa empezará en mayo a demoler cuarteles para la Operación Campamento

Por fin va en serio. El ministro de Defensa, José Bono, aseguró ayer que las excavadoras comenzarán en mayo a demoler las instalaciones que el Ejército tiene en Campamento y que van a ser sustituidas por viviendas. Eso permitirá que en 2008 puedan estar levantadas las primeras 5.000 casas, todas de protección oficial, de la Operación Campamento, que se ha demorado 15 años. El derribo de los 11 edificios que ahora hay en el lugar y el traslado de las dependencias costará a Defensa 40,6 millones de euros, según Bono. Hasta el próximo octubre serán demolidas cinco instalaciones.

Los primeros edificios que se echarán abajo son el cuartel General Muñoz Grandes, el cuartel Capitán Adrados, el Parque de Efectos, el cuartel Capitán Mayoral y la Estación Militar de Campamento, según fuentes de Defensa. En una segunda fase, entre el próximo mes de octubre y abril de 2006, serán demolidos los acuartelamientos Capitán Aranguren y Quintana Lacacci y el complejo de Intendencia.

Por último, entre mayo y octubre de 2007 serán derribados los acuartelamientos de Santa Teresa y de Castillejos Equitación y el Parque Central de Intendencia. De todos ellos, sólo cinco irán a dependencias de Defensa de nueva construcción. Para entonces se podrán edificar las primeras viviendas protegidas, que estarán listas antes del final de esta legislatura, en 2008.

Como adelantó ayer EL PAÍS, el Consejo de Ministros desbloqueó ayer mismo un proyecto paralizado durante 15 años, la Operación Campamento, por el que se ceden a la ciudad los terrenos que Defensa tiene junto al paseo de Extremadura para construir un nuevo barrio, con una extensión de 900 hectáreas. "Es la operación más importante de esta legislatura", afirmó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El barrio se creará en dos fases, y en la primera está previsto construir 10.700 viviendas, un 70% de ellas, protegidas.

"El Gobierno cumple con su compromiso de facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda mediante la enajenación de suelo público", subrayó la vicepresidenta. "Dijimos que haríamos 180.000 viviendas en esta legislatura y el compromiso sigue intacto".

Fernández de la Vega avanzó que el proyecto se va a hacer en dos fases. Sólo expuso el contenido de lo que se construirá en la primera de ellas, que abarca una extensión de 2,1 millones de metros cuadrados (210 hectáreas).En esa superficie de 210 hectáreas está previsto construir 10.700 viviendas, de las que 7.000 serán protegidas. De estas últimas, 1.100 se destinarán al alquiler y, además, se garantizará que lleguen a los jóvenes. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, eludió precisar hasta qué edad. El suelo para vivienda libre, con unas 3.000 viviendas, será subastado, según confirmó el ministro de Defensa.

Más adelante se decidirá el destino de los 6,8 millones de metros cuadrados restantes, que están clasificados en la actualidad como "suelo urbanizable no programado". La extensión de terreno que será edificada primero se ha dividido también en dos zonas, a las que el proyecto presentado ayer denomina "zona norte" y "zona sur". Es la segunda la que comenzará a construirse primero, y en ella se levantarán 5.200 viviendas, todas protegidas; éstas incluyen las 1.100 para alquiler y para jóvenes. Esta "zona sur" es la fase que se proyecta terminar en esta legislatura. "Se va a comenzar por lo más urgente, que es un área que incluye sólo vivienda protegida", justificó Trujillo.

"El principal objetivo de poner el suelo público del Estado a disposición de la política de vivienda es el acceso a una vivienda asequible, de calidad y sostenible", continuó la ministra del ramo. Y, en este sentido, consideró que Madrid es la comunidad autónoma donde hay mayores dificultades para acceder a una vivienda con precios asequibles. De ahí que el Gobierno empiece por esta región.

Para llevar a término el proyecto presentado ayer no es necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, pero sí es necesario un Plan Especial de la zona. Éste habrá de ser consensuado entre el Gobierno central y el Ayuntamiento madrileño, pues es este último el que debe autorizarlo.

El ministro de Defensa, José Bono, avanzó que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, está "básicamente de acuerdo" con el proyecto, según la conversación que mantuvieron antes de la rueda de prensa. Pero, además, está prevista una primera reunión el próximo martes entre los ministros de Defensa y de Vivienda y el alcalde, a la que probablemente acudirá la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya de vuelta de su viaje oficial a China. Aguirre conversó telefónicamente ayer tarde con el titular de Defensa, quien la invitó a asistir a esa reunión, según fuentes del Gobierno regional.

Además de fijar un protocolo de actuación, Ayuntamiento y Gobierno central deberán acordar las infraestructuras de transporte del nuevo barrio, así como del tramo de la N-V que Defensa cedió al Consistorio junto con la M-30.

La ministra de Vivienda aseguró que el proyecto presentado supone incrementar en un 33% el número de viviendas protegidas establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana. Además, "el plan de vivienda vigente dispone la misma cantidad de vivienda protegida para toda la región", dijo.

Trujillo también adelantó que será la propia Administración central, a través del operador público de suelo, la Sociedad Estatal de Promoción de Suelo (Sepes), la que tramite la gestión del terreno. Esto supone una novedad respecto a lo que habían hecho hasta ahora en la región los Gobiernos del PP, que dejaban en manos del sector privado esa gestión. "No va a haber ningún elemento especulativo", dijo Fernández de la Vega.

El ministro de Defensa no precisó cuándo estará terminado el conjunto de viviendas de este proyecto, pues eso, señaló, depende de los acuerdos con el Ayuntamiento de Madrid. También de lo que dure el desalojo y demolición de los 11 acuartelamientos e instalaciones que ahora existen en esos terrenos. En cualquier caso, la Operación Campamento no estará finalizada en esta legislatura.