Bruselas da 5 años al Reino Unido para abolir las ventajas fiscales de Gibraltar

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha negociado personalmente con Londres un acuerdo que pondría fin definitivamente al paraíso fiscal gibraltareño. Para conseguirlo, Kroes recomienda una reducción progresiva hasta 2010 de la exención fiscal que disfrutan las empresas extranjeras (offshore). Bruselas, que en marzo cerró el paso a ese generoso régimen fiscal, se manifestó "optimista" sobre la respuesta de Londres, que tiene un mes para acatarla y evitar la apertura de una investigación. Gibraltar acogió favorablemente la propuesta que desmonta un sistema que es contrario a la normativa de competencia.

"Por primera vez hay una perspectiva de acuerdo", afirmó ayer el portavoz de Kroes, Jonathan Todd, tras anunciar las recomendaciones que Bruselas ha puesto sobre la mesa para acabar antes de 2010 con una de las fórmulas que convertía al Peñón en un paraíso fiscal. Las negociaciones de la Comisión Europea con Londres finalizaron en diciembre pasado y los negociadores dan a entender que lo único que resta es que el Gobierno británico oficialice su respuesta afirmativa.

Una fuente diplomática aseguró a Europa Press que Londres acoge favorablemente la medida. También el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, acogió positivamente el acuerdo. Si en un mes se mantiene una negativa, Bruselas tendría las puertas abiertas a una investigación y posterior expediente contra el Reino Unido.

La batalla abierta en Bruselas contra el régimen gibraltareño es tan complicada como el sistema, que beneficia de forma distinta a diferentes tipos de sociedades de las 30.000 que se cree que operan en el Peñón. Este último bloque afecta a un tercio de las firmas (las no gibraltareñas radicadas allí pero no operan en la colonia), obligadas sólo a pagar entre 350 y 500 euros anuales.

Un sistema controvertido

En diciembre de 2003 se beneficiaban de este régimen 8.464 sociedades. El sistema ha sido duramente criticado, sobre todo desde España, por considerarlo un paraíso fiscal que facilita el blanqueo de dinero. Para la Comisión, el régimen supone en la práctica ayudas de Estado prohibidas por la norma europea porque genera competencia desleal. "Esta ventaja es claramente selectiva", dice la Comisión, "se financia mediante recursos estatales y puede falsear la competencia".

Expertos en Competencia de la Comisión aseguran que el caso perdido ante el Tribunal de Justicia en abril de 2002 contra este régimen fiscal se debió a defecto de forma. "No podíamos exigir la devolución de las ayudas de Estado porque éstas eran anteriores a la adhesión del Reino Unido a la UE, pero sí podemos exigir el fin del sistema", explican, y añaden: "El hecho de que en marzo pasado cerráramos el paso a la reforma fiscal propuesta para las sociedades gibraltareñas nos aporta una espléndida baza para presionar contra las sociedades exentas".

De llegar a un acuerdo en los próximos días, ya durante este año se reduciría ostensiblemente el número de empresas beneficiarias del sistema gibraltareño porque se limitará el número de nuevas sociedades que podrán acogerse a él. Hasta 823 nuevas podrán este año quedar fuera del régimen. Así, progresivamente, se irá acabando con decenas de "empresas exentas".

Mientras tanto, el número máximo de beneficiarios será de 8.464 y los ya existentes tendrán sus beneficios "protegidos" hasta el 31 de diciembre de 2010. "Sin embargo, si la propiedad/actividad de estos beneficiarios cambiara antes del 30 de junio de 2006", dice el comunicado oficial de Bruselas, "sus beneficios solamente estarían protegidos hasta el 31 de diciembre de 2007. Si se produce un cambio de la propiedad/actividad después del 30 de junio de 2006, los beneficios cesarían inmediatamente".

La Comisión Europea rechazó en marzo de 2004 el sistema fiscal existente para el resto de las empresas radicadas en Gibraltar. Ese régimen obligaba a las sociedades gibraltareñas a pagar un impuesto sobre la nómina y la superficie que no puede exceder el 15% del beneficio, cuando en el Reino Unido es del 30%. También se acogían a él las empresas sin presencia física en Gibraltar, y que, por tanto, no pagaban impuesto de sociedades.