CC OO y Pimec rechazan el nuevo impuesto de sucesiones
La reforma del impuesto de sucesiones y donaciones del consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, topó ayer con las reticencias de parte del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC). La anunciada oposición del sindicato CC OO, a la que se añadió la menos previsible abstención de la patronal Pimec, impidió que el pleno de este organismo asesor del Gobierno catalán aprobara un dictamen favorable a la propuesta de Castells. El resultado, sin embargo, no es vinculante, dado el carácter consultivo del CTESC, por lo que la Generalitat podrá seguir adelante con el proyecto.
"En un contexto de pérdida de empresas, la ley no favorece la transmisión de compañías", argumentó el director de relaciones laborales de Pimec, Josep Hallado. Ésta es una de las consideraciones de la patronal que, según Hallado, no tuvo en cuenta el dictamen, que calificó de "claramente insuficiente" en algunos aspectos. Hallado destacó, sin embargo, que ni siquiera el voto favorable de la patronal hubiera permitido la aprobación del texto.
CC OO, por su parte, se reafirmó en sus críticas a la política fiscal de la Generalitat y, tal como había anunciado, se opuso al dictamen. El sindicato reiteró que la reforma del impuesto va en detrimento de la progresividad del tributo y de la distribución equilibrada de la riqueza. Un posicionamiento que no secundó ni UGT ni Fomento del Trabajo, que votaron a favor. Los representantes de la Generalitat se abstuvieron, como suelen hacer cuando se discuten proyectos legales que impulsan.
Pero, pese al carácter no vinculante de la votación de ayer, la reforma de este impuesto es uno de los pocos proyectos de ley que no han conseguido el aval del organismo. "No es lo habitual", admitieron fuentes del CTESC, que transmitirá al Gobierno catalán las conclusiones de las reuniones sobre la reforma del tributo "para su consideración". En noviembre, el Consell Executiu de la Generalitat dio luz verde a una reforma del CTESC en virtud de la cual el Ejecutivo dejará de estar representado en él.
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