El Estatut prevé un Consejo del Poder Judicial descentralizado

La adaptación de la Administración de justicia al sistema autonómico ha sido considerada desde el primer día por los partidos catalanes uno de los apartados más débiles del Estatut de 1979. Ahora, al emprender su reforma, el borrador elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos para este título del Estatut incluye las aspiraciones que durante los últimos 25 años no ha sido posible introducir en la legislación sobre la organización de la justicia en España.

El borrador en el que se formulan estas propuestas fue entregado ayer a la ponencia parlamentaria que elabora la reforma del Estatut. Entre ellas destacan la descentralización del CGPJ mediante la creación del Consejo de Justicia de Cataluña; la exigencia del conocimiento del idioma catalán como requisito para ocupar una plaza de magistrado, juez o fiscal en Cataluña, y que todo el personal no jurisdiccional, incluidos los secretarios judiciales, pasen a depender de la Generalitat y no del Ministerio de Justicia.

También se propone reforzar las funciones de unificación de doctrina y de casación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como órgano jurisdiccional en el que culmina la organización judicial de la comunidad autónoma. Las funciones jurisdiccionales que se le atribuyen son las que afectan directamente a la Generalitat y el autogobierno de Cataluña.

El borrador especifica que los magistrados y jueces que ocupen una plaza en Cataluña deberán acreditar un "conocimiento suficiente" del derecho propio de la comunidad. La fórmula utilizada para exigir el conocimiento del catalán a los magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales determina que tendrá que ser "suficiente para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos".

La ponencia parlamentaria recibió también el borrador del título dedicado a la reforma del Estatut. Una de las novedades más destacadas en este título es la que propone atribuir a los ayuntamientos y a los electores la facultad de solicitar al Parlament la iniciación de un proceso de reforma del propio Estatut.

En la actualidad, la iniciativa de reforma compete únicamente al Gobierno catalán, al Parlament y a las Cortes. El borrador propone que también puedan solicitarla un mínimo del 20% de los ayuntamientos catalanes, siempre que representen por lo menos al 20% de la población de Cataluña. La reforma podrá ser solicitada también por un mínimo de 300.000 electores, mediante la presentación de firma debidamente acreditada.

La ponencia parlamentaria finalizó ayer la primera lectura del capítulo del proyecto de reforma dedicado a los principios rectores que han de guiar la actuación de los gobiernos de la Generalitat.