El juez indaga las responsabilidades administrativas en el derribo mortal

El juzgado de Instrucción número 6 de Granada solicitó ayer un informe a la inspección de Trabajo sobre la presunta responsabilidad "laboral y administrativa" que pudiera tener el Ayuntamiento de la capital en el derribo municipal en el que falleció un obrero sin papeles el pasado 21 de diciembre. El juez pidió la misma información sobre las tres empresas presuntamente implicadas en la cadena de subcontratas.

La petición, redactada por el titular del juzgado, Miguel Ángel del Arco, se suma a la emitida el pasado 12 de enero en la que el juez pidió una relación del personal "administrativo, técnico y político" del Ayuntamiento con competencia en materia de derribos de inmuebles. Esa providencia pedía además la documentación sobre el concurso en que se adjudicó la ejecución de todas las obras subsidiarias municipales a Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, la constructora que subcontrató el derribo a Hermanos Rodríguez, que a suvez las subcontrató con Alsa S.L., para quien trabajaba el operario fallecido.

La providencia dictada ayer pide que el informe realizado por la inspección de Trabajo sobre el accidente, se amplíe a posibles "irregularidades en materia de seguridad en el trabajo" y el "grado de responsabilidad laboral y administrativa que pudiera tener el Ayuntamiento, la empresa contratista y las dos empresas subcontratadas". Respecto estas tres constructoras presuntamente implicadas en la cadena de subcontratas, el juez solicita a Trabajo información suplementaria sobre "los preceptivos proyectos que debieron adoptar para la prevención de riesgos laborales", sobre "los materiales de seguridad y apuntalamiento necesarios para el tipo de demoliciones que nos ocupa", y los "débitos con la Seguridad Social por impago de cuota empresarial".

Atestado policial

El juez llama a declarar igualmente a los dos agentes de la Policía Local que "que practicaron la insepcción ocular del atestado policial", el día 21 de diciembre, fecha en que se produjo el accidente laboral. Ese documento asegura que las obras se realizaban sin las más elementales medidas de seguridad y certifica que los albañiles trabajaban sin calzado adecuado ni cascos. La demolición, según los agentes, se ejecutaba sin el material necesario para este tipo de trabajos. Los policías tuvieron que buscar herramientas en obras vecinas para que los bomberos pudieran asegurar lo que quedó del edificio tras el derrumbe en el que falleció el ecuatoriano, según el atestado.

El pasado 12 de enero, el juzgado solicitó también la comparecencia del propietario del edificio vecino que dos meses antes denunció que la obra podría acarrear "alguna desgracia personal".