La juez aprecia indicios de delito contra dos diputados de Unió y envía el 'caso Pallerols' al Tribunal Supremo

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, ha remitido al Tribunal Supremo las diligencias del llamado caso Pallerols, sobre la supuesta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), al considerar que existen indicios delictivos contra los diputados de este partido en el Congreso Josep Sánchez Llibre y Pere Grau Buldú. Tras casi seis años, la investigación judicial del caso está prácticamente finalizada a la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo, dado el aforamiento de los diputados. Ahora le corresponde al alto tribunal pronunciarse sobre si asume la tesis de la juez, imputa a los dos diputados y sigue tramitando el caso, o bien los exculpa y se lo devuelve.

La resolución judicial remitida al Tribunal Supremo relata con detalle lo que la juez considera "documentación numerosísima" que supuestamente prueba el desvío de fondos público a través de un "entramado" de "intereses" y "estrechas relaciones personales y profesionales" del empresario Fidel Pallerols con el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña y la dirección del partido democristiano, que siempre tuvo aquella cartera en los gobiernos de Jordi Pujol.

Ese acuerdo a tres bandas, especifica la juez, permitió que parte de las subvenciones recibidas por las academias de Pallerols para realizar cursos de formación, "habitualmente el 10%", acabara desviada "a financiar gastos y actividades del propio partido" y de sus responsables. Eso fue posible porque existió un "conocimiento y mutuo acuerdo" de los responsables de Trabajo y de Unió Democràtica, precisa la resolución judicial. Por ese motivo, la magistrada considera que, sin perjuicio de la calificación que puedan tener los hechos, los indicios actuales "apuntan a la concurrencia" de los delitos de prevaricación, malversación, fraude de subvenciones, cohecho, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

"Absoluta inocencia"

Josep Sánchez Llibre, que fue secretario de organización de Unió desde noviembre de 1998 a abril de 2001, reiteró ayer su "más absoluta inocencia" respecto a los hechos investigados y mostró su "total confianza en la justicia". En su opinión, los hechos imputados son "falsos" y se mostró convencido de que el Tribunal Supremo considerará improcedente su imputación. Con todo, Sánchez Llibre adelantó que si el Tribunal Supremo opta por solicitar el suplicatorio al Congreso, pedirá a su partido que vote a favor.

En el caso están imputadas, además de Fidel Pallerols, una decena de personas. Entre ellas, su esposa y ex altos cargos del Departamento de Trabajo de la Generalitat, de Unió y el ex diputado autonómico de este partido José Enrique Millo. Las academias del grupo Pallerols fueron las grandes beneficiadas por la concesión de subvenciones públicas, hasta el punto de que entre los años 1991 y 1999 recibieron 1.473 millones de pesetas (8,85 millones de euros) para cursos de formación de parados, según las cifras oficiales remitidas por la Generalitat al juzgado.