El fiscal solicita a Garzón que procese a 35 dirigentes de la antigua Batasuna

El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral ha solicitado al juez Baltasar Garzón que dicte el procesamiento de 35 dirigentes de la antigua Batasuna por delito de integración o pertenencia a organización terrorista en el sumario de las herriko tabernas, que en agosto de 2002 sirvió de base al magistrado para decretar la suspensión de actividades del partido abertzale radical luego ilegalizado. Para el fiscal, no existe ninguna duda de que a través de la estructura financiera de las herriko tabernas Batasuna forma parte orgánica de la organización terrorista ETA-KAS-EKIN.

El fiscal pide al juez Baltasar Garzón que mantenga el embargo de la red de 117 herriko tabernas y los bienes procedente de la actividad desarrollada a través de éstas al ser los instrumentos de delito, y que en su momento se decomisen los referidos bienes por estar directamente vinculados a la organización terrorista y a la financiación de la misma.

Entre los 35 dirigentes de la antigua Herri Batasuna para los que se pide el procesamiento, 15 de ellos figuran entre los condenados de la Mesa Nacional a siete años de prisión por cesión de espacios electorales a ETA, sentencia luego revocada por el Tribunal Constitucional. Entre los dirigentes más significados para los que se pide el procesamiento figuran Rufino Etxebarria, Jon Idigoras, Adolfo Araiz, Karmelo Landa, José Luis Elkoro, Floren Aoiz, Jon Aldasoro y Maite Amezaga. El fiscal pide que esta última declare en calidad de imputada con carácter previo a su procesamiento.

En un informe de 137 folios, el fiscal examina el origen y antecedentes del proyecto financiero de ETA a través de la coordinadora KAS, estructura empleada por el aparato militar de ETA para la dirección de todas las organizaciones vinculadas a la banda terrorista. Así, ETA clasificó a su empresas en "grandes empresas" (AEK para el estudio del euskera entre adultos; Herri Batasuna (HB) y Gestoras Proamnistia) y "negocios rentables", entre los figuran agencias de viajes como Ganeko; empresas de alquiler de infraestructuras festivas como Aulki; la gestora financiera Banaka o Azki, empresa de seguros. La distribución de beneficios económicos entre las primeras se hacía asignando el 50% para HB (hoy Batasuna), el 30% para las Gestoras y el 20% para KAS.

Instrumento financiero

El fiscal resume la secuencia temporal de evidencias que vinculan directamente a ETA con los responsables de KAS: en 1986, la Operación Sokoa evidenció que ETA sostenía económicamente sus frentes de lucha; en 1991, diseñó la Comisión Socio Económica a modo de "pequeño ministerio" y estableció que HB formase parte del mismo; en 1992 nace el Proyecto Udaletxe, en que HB pasa a ser el instrumento financiero básico y Banaka, la gestora-asesora de la red de herriko tabernas.

Las herriko tabernas surgieron entre 1976 y 1977 dentro de la estructura de HB, pero sin personalidad jurídica definida. En 1992, Banaka S.A. se configuró como "asesoría" para, en coherencia con los objetivos del Proyecto Udaletxe, dirigir la puesta en marcha y legalización de la red de herriko tabernas. En 1994, una vez concluido un estudio piloto realizado en Banaka por Maite Amezaga, se propone adoptar la fórmula jurídica de "asociación cultural" o kultur elkartea, que es la que finalmente se aprueba por Herri Batasuna.

Las kultur elkartea, según el fiscal, "constituyen un conjunto organizativo controlado por HB, con una apariencia disociada que obedece a una estrategia de ocultación del sistema de financiación de la organización terrorista ETA".

Las herriko tabernas se organizaron en tres niveles: local, provincial o herrialde y nacional, encargado éste ultimo de asumir la máxima dirección de la organización financiera. Los recursos económicos generados por las herriko tabernas fueron cuantificados en cifras que superan los dos mil millones de pesetas (12 millones de euros).