La inflación como nuevo signo identitario

En nuestro afán tan catalán de ir por delante en todo ya tenemos otro motivo de satisfacción, además del liderazgo del Barça en la Liga. El viernes de la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer la evolución del índice de precios al consumo (IPC) en España durante el año 2004. Como saben, finalmente la inflación fue del 3,2%, es decir, 1,2 puntos por encima del 2% que el Gobierno había previsto, que no está mal. Pero si nos fijamos en el IPC por autonomías, Cataluña lidera también esta liga, con un crecimiento del 3,6%, aunque en este caso los motivos de satisfacción sean más dudosos. Y todo indica que seguiremos manteniendo el liderazgo, dado que mientras que en el mes de diciembre todas las autonomías tuvieron crecimientos negativos del IPC (la media española fue del -0,1%, cosa que no ocurría desde que existe la serie histórica de este índice), el IPC catalán se comportó de forma neutra (fue del 0,0%). Es decir, también en la liga de invierno del IPC español hemos sido líderes.

¿Es un liderazgo coyuntural o está firmemente asentado? Tomando como referencia para la comparación los últimos 10 años, Cataluña se situó a lo largo de este periodo en los puestos altos de la clasificación del IPC por autonomías.

¿Tenemos, entonces, que preocuparnos? A ver, depende. El perfil del crecimiento de los precios en Cataluña es el mismo que el del resto de las autonomías. Esto nos dice que el mercado interior español está integrado. Si tomamos el criterio de convergencia que se utilizó para decidir qué países europeos tenían una inflación excesiva que les impedía entrar en el euro y lo aplicamos a las autonomías, no podemos hablar de una inflación catalana excesiva respecto de la media española.

El problema es que año tras año una pequeña diferencia de inflación acaba siendo mucho. Puede suceder como en el caso del rey que prometió dar al que le enseñó a jugar al ajedrez la cantidad de trigo que resultase de poner un grano en la primera casilla e ir doblando sucesivamente; al final, le fue imposible. Dado que Cataluña es una economía netamente exportadora, tanto hacia el mercado español como hacia otros mercados europeos con mucha menos inflación, pequeñas diferencias anuales pueden acabar arruinando la exportación. Y eso sin tener en cuenta que, mientras tanto, diariamente los consumidores catalanes resultan perjudicados al pagar más que el resto de los españoles por los mismos bienes.

¿Que causas pueden explicar esta excepcionalidad? Podemos señalar varias. La primera, el precio del petróleo; pero esto fue igual para todos y, en todo caso, explicaría que el IPC español de 2004 haya sido más elevado de lo previsto oficialmente, pero no la diferencia catalana. La segunda podría ser el crecimiento; pero en este caso, la diferencia de crecimiento de la economía catalana en los últimos años tampoco ha sido para tirar cohetes. La tercera serían los costes salariales de las empresas; pero, en los años de los gobiernos de Aznar, los trabajadores han sido muy moderados en sus reinvidicaciones salariales. Una cuarta causa podría ser la riqueza catalana: cuanto más ricos, más inflacionistas; pero la riqueza por persona de la comunidad madrileña es elevada y, sin embargo, su inflación está en la parte baja del conjunto español.

¿Que explicación nos queda, entonces? Si nos fijamos en los bienes que en mayor medida explican la diferencia de precios entre Cataluña y el resto de España, comenzaremos a comprender lo que pasa: enseñanza, ocio y cultura, vestido, calzado y menaje, y medicina. Esto apunta a posibles diferencias en las estructuras de los mercados de esos bienes en las autonomías. La composición de la oferta y la demanda educativa y sanitaria en Cataluña tiene un mayor componente privado o público concertado, y esto puede estar provocando que los costes sean aquí más elevados. Por otra parte, las restricciones a la apertura de nuevas formas de distribución comercial y de horarios pueden estar provocando que los costes de la distribución y, por tanto, los precios finales que pagan los consumidores catalanes sean mayores. Alguna evidencia de todo esto, aunque no definitiva, tenemos los economistas.

¿A quién benefician esas restricciones al comercio? En principio no están pensadas para beneficiar al consumidor, sino al pequeño comercio catalán, cuya estructura actual constituye un rasgo del modelo de sociedad que defiende, entre otros, ERC. Pero, como es sabido, el infierno está lleno de buenas intenciones. Los economistas y sociólogos hablamos en ocasiones de las consecuencias no queridas de las leyes, aun de las mejor intencionadas. Y en este caso, las restricciones comerciales a la apertura de nuevas superficies y formas de comercio no están evitando la desaparición de una parte de los pequeños comercios, mal adaptados a los nuevos gustos, y por el contrario favorecen a los grandes distribuidores que ya están instalados, que de esta forma no han de hacer frente a nueva competencia.

El Gobierno de la Generalitat está preocupado por la crítica que se le hace desde diferentes frentes por haber dado durante su primer año prioridad a la política identitaria frente a la política social. Dado que una parte del Gobierno defiende la singularidad de un llamado "modelo catalán de comercio", ha de saber que esa especificidad lleva asociada una mayor inflación. Y que esa mayor inflación tiene un coste económico, en términos de pérdida de competitividad de las exportaciones, y un coste social, en términos de pérdida de bienestar por pagar mayores precios y tener menor empleo. Se trata, también en el terreno de la inflación, de decidir dar prioridad a la política identitaria o a la política social. Veremos qué acaba haciendo el Gobierno.