El Gobierno prima la agricultura sobre la seguridad y los impuestos en los primeros decretos de conmoción interior en el Catatumbo

El Gobierno colombiano ha firmado este jueves tres decretos agrícolas como parte de la conmoción interior que declaró el pasado 20 de enero para hacer frente a la arremetida violenta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo. Con esos decretos, que tienen fuerza de ley durante los 90 días que dura la conmoción interior, el Ejecutivo en cabeza de Gustavo Petro busca ofrece alivios financieros agrícolas a los miles de campesinos que fueron obligados a desplazarse de sus lugares de residencia y origen ante la escalada bélica causada por la última guerrilla en armas del país.

El primer decreto, el 0106, tiene como objetivo garantizar la producción de alimentos con la refinanciación de créditos agropecuarios concedidos a campesinos y a otros productores afectados por la violencia en esa zona fronteriza con Venezuela. Con el segundo, el 0107, el Gobierno espera garantizar que la cadena de suministro funcione, dado que el Catatumbo es una región productora de varios productos de alimento básico. La medida da poder a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para que contrate los servicios necesarios para dar esa garantía. El tercero, el 0108, indica que los inmuebles de propiedad estatal destinados a almacenar insumos y que no estén siendo usados, serán adecuados como albergues temporales. También contempla la posibilidad de expropiar predios en caso de que sea necesario para facilitar el retorno y la reincorporación de los desplazados de la región.

En un principio, el presidente Petro había dado a entender que la conmoción interior iba a afectar a todo el país y que traería consigo ajustes tributarios, como nuevos impuestos a los juegos de azar y la industria de hidrocarburos. También se esperaba un énfasis especial en la seguridad de la región, si bien el Ejército ha aumentado su presencia en la zona y dio inicio desde hace más de una semana a varios operativos con el objetivo de recuperar la seguridad y hacer frente a las hostilidades del ELN. Pero antes de tocar el tema tributario o de seguridad, el mandatario prefirió empezar por la economía campesina.

Los decretos son firmados en el momento de mayor crisis de la política de paz total del Gobierno nacional. Las acciones armadas del ELN en contra de miembros de las disidencias de las FARC y de firmantes del acuerdo con esa extinta guerrilla, desatada el pasado 16 de enero, se suman a una mesa de negociaciones congelada desde mayo de 2024. El motivo del empantanamiento de los diálogos fue la secesión del frente Comuneros del Sur del ELN, con el que el Gobierno decidió entablar una mesa de paz paralela. Esa decisión cayó mal en la dirigencia de la guerrilla, que consideró que varios miembros del Ejecutivo alentaron esa división para debilitar al grupo insurgente, cuyos líderes han reconocido ya la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Petro.