Muy poca pena para tanta condena

Los asesinos solían amenazar así a los funcionarios que les importunaban en prisión: "Ya sabe que el segundo muerto me sale gratis". Sabían que aunque su condena fuera centenaria no iban a cumplir más de 30 años, incluso si los volvían a condenar por el segundo crimen... O el tercero. Y ni eso, porque con las redenciones el tiempo entre rejas no pasaba de 22 años. La anunciada y abortada excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos tras 18 años entre rejas, pese a haber sido condenado a más de 3.000 por 25 asesinatos, mutó la frase. "No ha cumplido ni ocho meses por cada persona que asesinó", se quejó Francisco José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El Código Penal de 1973 fomentaba las redenciones de pena y a la hora de aplicarlo permitía a los terroristas y a otros presos con grandes condenas beneficiarse de las lagunas del sistema. "Lo que ha estado ocurriendo es que una vez que el terrorista entraba en prisión no se hacía un seguimiento de la ejecución de la condena y los etarras lograban redimir condena de forma automática, hicieran lo que hicieran", explica Pedro Vila, abogado y procurador de la AVT.

Las redenciones fueron eliminadas por el Código Penal de 1995 (en vigor desde mayo de 1996), pero los terroristas condenados por el anterior siguieron redimiendo. Bastaba trabajar, estudiar y portarse bien para que las reducciones se aplicaran de forma automática. Un día por cada dos de trabajo y 20 días al trimestre por estar matriculado en una carrera, más otros 20 por curso si había aprovechamiento de los estudios. Gracias a ello, este año está prevista la salida de la cárcel, en libertad definitiva, de una veintena de etarras con largas condenas, junto a otra decena con penas menores pero cumplidas a pelo al haber sido impuestas por el texto hoy vigente.

La alerta saltó con De Juana Chaos, quien, inicialmente, tendría que haber salido de la cárcel en octubre. El presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, paralizó la excarcelación tras anular una redención de 107 días por estudios que ya había sido aprobada por el entonces titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria numero 3 de Madrid, José Luis de Castro, hoy responsable del Juzgado Central de Vigilancia Penitencia de la Audiencia Nacional, donde sustituyó, precisamente, a Gómez Bermúdez.

La paralización permitió que en diciembre el fiscal Ignacio Gordillo se querellase contra De Juana Chaos por un artículo publicado en el diario Gara que, a juicio de la Fiscalía, constituía un delito de amenazas y otro de pertenencia a banda armada. Esta denuncia frenó la excarcelación, fijada para el 9 de enero, ya que Fernando Grande-Marlaska, provisionalmente juez de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ordenó su ingreso en prisión provisional por esos delitos.

"Lo que se ha hecho con De Juana es una desproporción, es una decisión política, porque como legalmente no se podía evitar su excarcelación le han metido otro delito", asegura su abogada, Ainhoa Baglietto. "No pueden hacerlo, pero lo han hecho porque de aquí a que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso van a pasar cuatro años". La letrada se pregunta: "¿Es que alguien cree que 18 o 22 años en prisión es poco?". La contestación viene de Pedro Vila: "Lo que tienen que estar en prisión es 40 años, el máximo".

El problema es que ese máximo fue fijado gracias a la reforma del Código Penal de 2003, que además exigía al terrorista el arrepentimiento y abjurar de la violencia. "La Constitución de 1978 impide la aplicación con carácter retroactivo de cualquier norma desfavorable para el reo", explicó la semana pasada Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia. Es decir, que los detenidos y condenados desde 1995 nunca cumplirán más de 30 años. Los 40 sólo se podrán aplicar a los detenidos desde hace dos años.

El método empleado con De Juana ha sido calificado de "dudoso" por miembros del Gobierno y de la judicatura, que ven difícil el que pueda volver a ser condenado por pertenencia a banda armada o amenazas.

Pero el resto de los que tienen prevista su salida este año no han escrito en Gara, no tienen denuncias pendientes y, en casos como el de José Antonio López Ruiz, Kubati (1.210 años de condena y seis asesinatos), que ha hecho dos carreras en prisión, el cómputo de redenciones a efectos de liquidación de condena es, en principio, correcto.

El juez Gómez Bermúdez ha encontrado una fórmula, que se resume así: con el Código Penal de 1973 los terroristas podían redimir pena, por lo que nada se puede hacer... salvo que las redenciones se hayan conseguido mediante engaño. Revísense, por tanto, los historiales penitenciarios de todos los etarras para ver si la reducción de la pena se ha aplicado correctamente y elimínense las que no procedan. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ultimará hoy el criterio a aplicar, y el viernes se celebrará una reunión entre representantes de Prisiones, la Fiscalía General del Estado y de la Audiencia para revisar los casos más perentorios (ver el gráfico). La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ya encargó ese trabajo a sus funcionarios antes del verano.

Las redenciones aprobadas por los tribunales no podrán tocarse, pero sí las que están en proceso de recurso o decisión en los 38 juzgados de Vigilancia Penitenciaria de España y que están vivas desde antes de que la Audiencia asumiera el control de los presos etarras. Pero, en el mejor de los casos, como máximo se les podrá prolongar la estancia en prisión uno o dos años, por lo que muchas víctimas del terrorismo le seguirán saliendo legalmente gratis a sus asesinos.