Europa y el País Vasco

POR SI EL CALENDARIO no estuviese ya suficientemente cargado a causa de la aprobación en el Parlamento vasco de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (PEPCE), gracias a los tres votos a favor del brazo político de ETA que permitieron al lehendakari Ibarretxe alcanzar la necesaria mayoría absoluta, el presidente del PP desvió artificialmente el centro de atención del pleno del pasado martes -dedicado a la Constitución Europea- para calentar todavía más la sofocante temperatura de la vida pública. La referencia inicial de Rajoy a la PEPCE encajó dentro del orden del día aunque después fuese indebidamente utilizada como cabeza de playa para invadir el debate entero: es cierto que la eventual entrada en vigor del tratado suscrito en Roma el pasado 29 de octubre por los máximos representantes de los 25 países de la Unión Europea impediría la secesión del País Vasco y la posterior construcción sobre territorio español y francés de una Euskal Herria independiente.

El presidente del PP utiliza un pleno sobre la Constitución Europea para lanzar una insidiosa requisitoria contra el presidente del Gobierno por su forma de afrontar el desafío del 'plan Ibarretxe'

La futura Constitución Europea -establece el artículo I-1.1. del nuevo Tratado de Roma- "nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa". El artículo I-5 garantiza que la Unión respetará la "identidad nacional" de los Estados miembros "inherente a las estructuras fundamentales políticas e institucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional"; ese mismo respeto se extiende a las "funciones esenciales" del Estado, "especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional". La Constitución Europea, así pues, conjuga dialécticamente la misma pareja de principios que el artículo 2 de la Constitución Española estableció como sendas bases de la ordenación y distribución territorial del poder estatal: la unidad nacional y el derecho a la autonomía.

Pero el presidente Rajoy no se limitó a ese razonable -y compartido- subrayado de la Constitución Europea, sino que utilizó también la tribuna para poner personalmente a caldo a Zapatero y para denunciar toda clase de pecados en su respuesta al plan Ibarretxe. Si no fuese por su obvia intencionalidad de utilizar maliciosamente los dilemas -reales o falsos- planteados por la PEPCE a las instituciones constitucionales con el único fin de cerrar todas la salidas imaginables al actual jefe del Gobierno, el discurso del presidente del PP sería simplemente contradictorio: ¿no es ilógico tocar a rebato para sellar la unión sagrada de los demócratas frente al plan Ibarretxe y lanzar a renglón seguido una sarta de acusaciones injuriosas e insidiosas contra el PSOE? La impostada displicencia profesoral de Rajoy con Zapatero cuadra mal con los hechos: no es el presidente del Gobierno, sino el líder de la oposición, cateado en los exámenes electorales de marzo, quien necesita recibir con humildad lecciones políticas de su contrincante.

La gran lanzada de Rajoy contra Zapatero merecería ocupar un lugar en la lista de sofismas de Aristóteles: "El señor Ibarretxe está en manos de Batasuna, de ETA. Batasuna e Ibarretxe tienen el apoyo de Esquerra Republicana (ERC) para su plan, y usted, que está en manos de ERC, es quien ha de enfrentarse a Ibarretxe". El carácter transitivo atribuido a esas relaciones encadenadas imaginariamente causales deja paso a una inferencia galopante: puesto que el brazo político de ETA votó la PEPCE, Carod-Rovira habló hace un año con la banda terrorista y ERC compagina el apoyo al plan Ibarretxe con el respaldo parlamentario condicionado al Gobierno, Zapatero estaría incapacitado para defender la Constitución y se encontraría contaminado por el independentismo y tal vez por el terrorismo. Pero si cada cual tuviese que responsabilizarse del comportamiento de sus socios en empresas temporales (¿no votó el PNV la investidura de Aznar?) fuera del marco pactado para esos compromisos coyunturales, desaparecerían las sociedades mercantiles y las alianzas políticas: la culpabilización inquisitorial de los acusados por nexos de contigüidad o yuxtaposición fue la clave de arco de los procesos nazis y de los juicios estalinianos.