Se acabó la farsa

Desde el momento en que el Parlamento vasco aprobó por mayoría absoluta el proyecto de ley de reforma del Estatuto de Gernika, hemos asistido al espectáculo chusco de una singular competición por ver quien corría más y quien gritaba más fuerte a la hora de rechazar la mencionada reforma. Parecía que al conocido como plan Ibarretxe solamente se le podía frenar si se alzaban simultáneamente contra él todos los gobiernos y parlamentos de las comunidades autónomas, todos los municipios y, por supuesto, la Conferencia Episcopal. Quien se negara a hacerlo era sospechoso inmediatamente de oscuras connivencias con el nacionalismo vasco y de favorecer de manera soterrada y espuria que el plan siguiera su curso.

Lo que está en juego en este momento son las reformas de los estatutos del 151 de la Constitución

Me llama la atención que nadie de los que han protagonizado el espectáculo haya reparado en la desconfianza en nuestras instituciones de gobierno que esta manera de proceder representa. ¿A qué venían tantas prisas en condenar el plan Ibarretxe, tantos anuncios de presentaciones de mociones en parlamentos autonómicos y ayuntamientos, tantas solicitudes de reuniones de partidos a escala regional o local? ¿No disponía ni dispone el sistema político español constitucionalmente diseñado de instrumentos de respuesta a la propuesta de reforma estatutaria vasca?

Afortunadamente han bastado la entrevista del lehendakari con el presidente del Gobierno el pasado jueves y de este último con el presidente del PP el viernes, para que todo el ruido de estos primeros catorce días de 2005 haya desaparecido. Una vez que han hablado quienes tenían que hablar, se acabó la farsa. ¿Hay alguien que le continúe viendo algún sentido al debate acerca de si el Parlamento de Andalucía debe pronunciarse expresamente sobre el plan Ibarretxe y a si debe hacerlo antes o después de que se pronuncie el Congreso de los Diputados o a si deben hacerlo también los ayuntamientos?

Las garantías que contiene la Constitución para la defensa de la estructura del Estado están bien diseñadas y hay que confiar en ellas. No es necesario ningún levantamiento popular liderado por autoridades regionales y locales para enfrentarse a una propuesta de reforma estatutaria como la aprobada por el Parlamento vasco, sino que es más que suficiente dejar que operen los mecanismos que están previstos en el texto constitucional. Quienes tenían que dar seguridad a los ciudadanos españoles, incluidos los ciudadanos vascos no nacionalistas, de que el plan Ibarretxe no iba a prosperar son los líderes de los partidos políticos que pueden anticipar la manifestación de voluntad del Congreso de los Diputados, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoyy. No había ninguna razón que justificara que nadie les dijera por anticipado lo que tenían que hacer, como si hubiera dudas de cual iba a ser su decisión.

Ahora bien, una vez acabada la farsa, continúa siendo oportuno reflexionar sobre la forma en que hemos de dar respuesta a la reforma de la estructura del Estado que se está instando no solamente desde el País Vasco sino también desde otras varias comunidades autónomas. Pues no es únicamente en el País Vasco donde están en marcha procesos de reforma estatutaria.

En la reunión del presidente del Gobierno con el presidente del PP se acordó la constitución de una comisión del PSOE y el PP, con la finalidad de consensuar las reformas constitucionales y estatutarias. Es un primer paso y un buen paso. El acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales españoles tiene que ser la condición necesaria para cualquier reforma de la estructura del Estado.

Pero el que sea condición necesaria no quiere decir que sea también condición suficiente. Mariano Rajoy en la conferencia de prensa del pasado viernes, tras su entrevista con el presidente del Gobierno, hizo referencia a los pactos autónomicos de estos dos últimos decenios, los de 1981 y 1992, que fueron suscritos únicamente por UCD y PSOE el primero y por PSOE y PP el segundo, como precedente que se debería seguir en este momento.

No parece, sin embargo, que en este punto se le pueda dar la razón. Los pactos autonómicos de 1981 y 1992 tuvieron la peculiaridad de que versaron sobre los estatutos de autonomía de las comunidades del artículo 143 de la Constitución, pero no sobre los de las comunidades del 151 y en especial sobre los de las comunidades autónomas vasca y catalana, que estaban aprobados parlamentariamente desde noviembre de 1979. En 1981 se definió el mapa autonómico y se decidió que todas las comunidades autónomas tendrían la misma naturaleza y la misma arquitectura institucional, independientemente de su vía de acceso a la autonomía. En 1992 se contempló la equiparación desde una perspectiva competencial de las comunidades del 143 con las comunidades del 151 de la Constitución. Nada se decidió en 1981 y en 1993 que afectara a las comunidades del 151 de la Constitución. Y para ello, es obvio que el acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales españoles era suficente.

Pero ahora nos encontramos en un momento distinto. Lo que está en juego en este momento son la reformas de los estatutos del 151 de la Constitución. Y para darles respuesta en positivo a dichas reformas hay que contar con el concurso de partidos que o son mayoritarios o tienen una presencia muy importante en dichas comunidades autónomas. El PSOE y el PP se bastan para decir no a la reforma estatutaria aprobada por el Parlamento Vasco, pero no pueden decidir en positivo qué respuesta habrá que dar finalmente a la demanda de reforma estatutaria vasca, catalana, gallega o andaluza. El consenso tiene que ser más amplio y debe construirse entre todos desde el principio.