La Diputación mantiene el pleito por la construcción de 97 pisos en Barrika

La Diputación de Vizcaya ha rectificado y mantendrá el pleito judicial por la construcción de 97 viviendas en un área protegida de la localidad de Barrika. La institución foral ha decidido, tras mantener una reunión con el ayuntamiento de esta localidad, gobernada por el PNV, recurrir al Tribunal Supremo la sentencia que considera ilegal la recalificación de terrenos para las edificaciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia, el pasado 29 de noviembre, en la que anulaba la recalificación de 19 hectáreas en Barrika, junto a la costa, aprobada por la Diputación de Vizcaya. El fallo entraba en el fondo de la denuncia presentada hace seis años por el colectivo ecologista Txipio Bai. Resaltaba que no hay dudas "del interés natural y paisajístico de la zona", que anteriormente estaba calificada como no urbanizable de especial protección. "Estos intereses se sacrifican para implantar viviendas de baja intensidad, de las cuales solamente 12 tendrán la consideración de protección oficial".

Por ello, la Sala calificaba de "arbitraria" la modificación urbanística aprobada por la Diputación y declaraba la "no conformidad a derecho" de las dos órdenes forales, "anulándolas y dejándolas sin efecto". Esta es la segunda vez que la institución vizcaína es desautorizada por el Superior. La anterior fue en 2001, cuando declaró ilegal la recalificación al estudiar sólo el primer motivo, de carácter formal, impugnado por Txipio Bai.

Tras este segundo fallo, conocido el pasado 29 de diciembre, la Diputación señaló a este diario que no presentaría recurso ante el Tribunal Supremo. Pero, tras la vuelta vacacional, el criterio ha cambiado. Representantes forales han mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Barrika en la que han analizado la sentencia y han acordado que ambas instituciones presenten un recurso conjunto, según informó ayer un portavoz oficial. Tanto el alcalde de Barrika, el peneuvista José María Ezpeleta que gobierna con mayoría absoluta, como los promotores de la urbanización han eludido valorar la sentencia.

La zona está en obras desde hace dos años y, además de que la urbanización está prácticamente culminada, ya están terminadas 11 de las 97 viviendas previstas. Además, otra tiene la estructura de hormigón y en otro caso han empezado las labores de excavación. Los trabajos no se han parado tras el último fallo judicial.

El recurso al Supremo dilatará varios años la resolución final. Los ecologistas advirtieron ayer del problema que se planteará si se confirma la sentencia, "porque costará mucho más derribar 11 chalets que 85, teniendo en cuenta que cada uno puede costar cerca de 600.000 euros". "Hablamos de más de 500 millones, y eso lo pagaremos entre todos". Agregaron que la zona tiene que volver a su estado original, "pese a quien pese".