La violencia se adueña de Guatemala

La inseguridad ciudadana se presenta como la gran asignatura pendiente de Óscar Berger, quien hoy cumple un año desde su llegada al Gobierno de Guatemala, el 14 de enero de 2004. A lo largo de estos 12 meses, según un informe policial, se produjeron 4.346 muertes violentas (3.819 varones y 527 mujeres), un aumento del 25% con respecto a 2003. En su inmensa mayoría, los crímenes permanecen impunes. El presidente se ha marcado como prioridad la lucha contra la ola de violencia que azota el país.

La situación del narcotráfico es también muy preocupante: opera con total libertad. Un informe del Consejo de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado estadounidense (COHA, en sus siglas en inglés), publicado por el periódico Prensa Libre, afirma que "la guerra guatemalteca contra el tráfico de drogas está perdida y en los pasillos de Washington no queda ni esperanza de revertirla ni el interés para apoyar su combate".

De acuerdo con el documento citado, Guatemala se ha convertido en el pivote central del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, "por ser el país donde ha habido menos resistencia". El precio que pagan los guatemaltecos es enorme: el aumento del consumo local y la muerte de ciudadanos, víctimas de balas perdidas en la guerra abierta por dominios territoriales que las diferentes bandas mantienen en las calles y carreteras del país.

Este desbarajuste tiene, entre sus causas inmediatas, la extrema pobreza. Se estima (no hay cifras oficiales) que 8 de cada 10 de los 12 millones de habitantes del país viven en la línea de la pobreza de 2 euros por día de ingresos. De éstos, el 60% sobrevive con menos de 1 euro al día. El desempleo afecta a 900.000 personas, según datos del Ministerio de Economía, tradicionalmente conservador en sus estimaciones.

La meta del crecimiento económico, fijado en un 6% anual en los Acuerdos de Paz que en 1996 pusieron fin a la guerra civil de 36 años, fue inferior al 3%. Atado de manos, Berger heredó del Gobierno del binomio Alfonso Portillo-Ríos Montt (2000-2004) un aparato estatal infiltrado, a todo nivel, por el crimen organizado. Como botón de muestra, a lo largo del año pasado 542 agentes de la Policía Nacional Civil fueron expulsados del cuerpo al ser sorprendidos en la comisión de delitos, algunos tan graves como el secuestro de personas, asaltos, narcotráfico, homicidios y violaciones. Un ex ministro del Interior del Gobierno anterior, Byron Barrientos, está en prisión, acusado de robar 80 millones de quetzales (unos 8 millones de euros) del presupuesto de la cartera que dirigía.

La lucha por revertir este estado de cosas impide el desarrollo de políticas de bienestar, pero el guatemalteco promedio agradece que, por lo menos, la corrupción ya no sea "política de Estado" como ocurrió durante el gobierno anterior. Según las encuestas de la prensa local, el mandatario logra un "aprobado" de los ciudadanos al alcanzar su primer año de gestión. Una muestra del rotativo elPeriódico, realizada a nivel nacional entre el 27 de diciembre y el 7 de febrero entre 1.000 guatemaltecos y con un margen de error del 3,5%, da al mandatario una aprobación del 55,8%.

El mandatario, por su parte, se muestra "satisfecho" de su gestión durante el año inicial de su gobierno y ha definido como la prioridad para 2005 "la reactivación económica, que pasa por vencer el bastión de la inseguridad". Para lograrlo ha anunciado el necesario refuerzo a los cuerpos de seguridad, esfuerzo que empezará por la profesionalización de los agentes y la dotación de un equipo adecuado en armas y vehículos.