El Círculo de Empresarios Vascos lamenta que se plantee el nuevo Estatuto sin consenso y con la presencia de ETA

El Círculo de Empresarios Vascos, un club que agrupa a medio centenar de grandes empresarios a título personal, mostró ayer su preocupación por la aprobación del plan Ibarretxe sin "consenso" y con la pervivencia del terrorismo de ETA. El Círculo exige a todas "las instancias políticas el sometimiento y el respeto en su integridad al ordenamiento legal". En caso de no hacerlo, los empresarios auguraron "una quiebra del sistema" y una "subversión del orden jurídico establecido, lo que crearía todavía más inseguridad, inestabilidad e incertidumbre".

Frente a esta posición del Círculo, la patronal vasca, Confebask, no ha querido entrar en el debate por el momento. Su pronunciamiento contrario al proyecto del lehendakari en 2002 generó desgarros en un colectivo muy plural, tanto como la propia sociedad vasca.

En un comunicado, el Círculo de Empresarios Vascos reivindicó su derecho a opinar sobre todas las cuestiones que afecten al ámbito empresarial y, más concretamente, sobre el proyecto de reforma estatutaria aprobado el 30 de diciembre en la Cámara vasca. Para el Círculo de Empresarios resulta "inquietante" que la reforma del marco estatutario "no se plantee desde un consenso que recoja armónicamente las diferentes sensibilidades existentes" en el País Vasco.

"Cualquier transformación del marco de convivencia se logra con mayorías parlamentarias, con un escrupuloso respeto a la legalidad y con el más amplio consenso social", indicó en su nota la organización que preside Alejandro Echevarría. Los empresarios también plantean su preocupación por que el debate sobre el plan Ibarretxe coincida en el tiempo con la pervivencia del terrorismo, "que sigue vulnerando derechos fundamentales, tal y como se demuestra con la existencia de muchos empresarios amenazados o con los recientes atentados" en sedes políticas o de empresas.

La organización empresarial vasca insta a los partidos e instituciones a actuar con "la máxima responsabilidad" y apela a la "serenidad, al sosiego y a la reconducción de las lógicas y legítimas discrepancias por los cauces de la normalidad constitucional".

Ya en octubre de 2002 y en septiembre de 2003 el Círculo de Empresarios manifestó que la propuesta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, podía generar "incertidumbre jurídica, inestabilidad en el marco político y una mayor división social". De igual modo, también indicó "los previsibles efectos negativos que se derivarían para el empleo y la actividad económica de una situación caracterizada por la incertidumbre, la inestabilidad y el desencuentro entre los Gobiernos central y vasco".