IU y Esquerra vinculan su apoyo al Gobierno al desarrollo de varias leyes en 2005
Los aliados parlamentarios del PSOE proponen reformas económicas y de contenido social
Los dos socios principales del PSOE en el Congreso de los Diputados, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Izquierda Verde (IU-ICV) quieren evitar los sofocos y negociaciones de última hora en la aprobación de leyes en el Parlamento. Por eso, para garantizar la estabilidad parlamentaria, reclamarán al Gobierno la reforma de una decena de leyes que marquen un giro social a cambio de asegurar su apoyo en el Congreso. Esta semana comenzarán las negociaciones con los socialistas sobre "un pacto estable anual para evitar sorpresas".
ERC amenaza en público con romper el Gobierno por el plan Ibarretxe, pero en privado se dedica a negociar con el PSOE un calendario de prioridades. Entre ellas está, como primera medida, la reforma de la financiación autonómica para hacer frente a los problemas que las autonomías tienen para cubrir sus gastos sanitarios.
PSOE y ERC han acordado sacar este espinoso asunto de las negociaciones presupuestarias para desbloquearlas. El compromiso socialista consistía en buscar una fórmula en el primer trimestre de 2005.
El Ministerio de Economía tiene una línea de trabajo preparada, que consiste básicamente en dotar de mayor capacidad impositiva a las comunidades autónomas, aunque aún queda mucho por negociar. ERC pedirá que el grupo de trabajo se reúna cuanto antes para resolver este asunto que considera urgente.
Izquierda Verde (IU-ICV) prefiere negociar poco a poco. Tras el último pleno en el Congreso, el 22 de diciembre, Alfredo Pérez Rubalcaba y Diego López Garrido, por el PSOE, y Gaspar Llamazares y Joan Herrera, por Izquierda Verde, hablaron para ver cómo se pactan las prioridades y se logra un año "tranquilo", al menos en la parte de las reformas económicas y sociales, ya que el debate territorial se antoja tenso.
Todos estuvieron de acuerdo en que la "tensión" vivida en la aprobación de los presupuestos debe ser evitada, aunque sin llegar a un pacto de Gobierno, que nadie contempla. Las leyes prioritarias están claras, ahora falta por ver el calendario. El Gobierno aún no ha dado a conocer a sus socios qué fechas maneja.
Izquierda Verde, además de la reforma de la financiación de la Sanidad, está muy interesada en reformar cuanto antes la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Se trata de la columna vertebral de la política económica del PP, y marca que todas las administraciones del Estado, incluidas las autonómicas, tienen que ajustarse al déficit cero. El Gobierno se comprometió a reformarla antes de que acabara el año para flexibilizar esa exigencia, y aún no ha dado un borrador a sus socios. Izquierda Verde propone que se permita un déficit de hasta el 3% en momentos de crisis para impulsar la economía, y que en esta legislatura se sitúe en el 1% para "reducir la brecha social con la UE, con políticas de empleo, educativas y sanitarias".
También están esperando los socios una propuesta para un plan de lucha contra el fraude y una reforma fiscal. Los socialistas se comprometieron durante la elaboración del presupuesto a adelantar sus reformas fiscales a 2005. Éste será uno de los puntos más difíciles de negociar. Los socios exigen al Gobierno que aumente la presión fiscal para acercarla a la media europea, y que presione más a las plusvalías y las rentas del capital.
ERC tiene otros dos objetivos inmediatos que tienen que ver con su comunidad. Primero, la ejecución del plan de infraestructuras en Cataluña, que también se dejó fuera del Presupuesto pero se debe resolver cuanto antes. Y luego, una reforma en profundidad de la educación que quieren negociar con el Gobierno, sobre todo para ver cómo se dota a las comunidades para aplicar una política crucial que tienen transferida.
Cambiar la Ley del Suelo
La Ley del suelo de 1998, que condiciona los precios de la vivienda, es otro objetivo prioritario en el que coinciden el Gobierno y sus socios. La intención es lograr que los ayuntamientos, que gestionan gran parte del suelo, estén obligados a destinar al menos un 30% a vivienda protegida. Actualmente, el dinero que el Estado gasta en vivienda se divide así: 75% por lo que deja de ingresar en concepto de desgravaciones, y 25% lo que realmente gasta en promoción pública. La oposición quiere lograr que en cuatro años se invierta esa proporción. Y además una reforma que ya está en marcha en el Congreso de la subcontratación, para reducir la precariedad laboral y con ella los accidentes en el trabajo. También hay cuestiones ecológicas, como el cierre de las nucleares, que deben pactarse.
En definitiva, lo que buscan los dos socios principales del Gobierno es una mayor compenetración con los socialistas que, sin llegar a un pacto de legislatura que el PSOE ha descartado siempre, les permita funcionar como "unos verdaderos socios". Tanto ERC como Izquierda Verde tienen la sensación de que en muchos ministerios se trabaja "como si tuvieran mayoría absoluta", explica Joan Puigcercós, secretario general de los republicanos.
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