Lima anuncia duras medidas contra los sublevados

El presidente de Perú, Alejandro Toledo, aseguró ayer que su Gobierno aplicará mano dura contra Antauro Humala y sus seguidores, responsables del asalto a una dependencia policial en la sureña ciudad andina de Andahuaylas, el sábado pasado. Los rebeldes mantuvieron en cautiverio a 21 rehenes durante cuatro días y causaron la muerte de seis personas, entre ellas cuatro policías.

Toledo, en un mensaje a todo el país, acusó a los autodenominados etnocaceristas de formar un movimiento "paramilitar, fascista, terrorista y de ideología fundamentalista". Dijo, además, que dicho grupo está financiado por el narcotráfico y que tiene en la mira destruir la democracia. "Vamos tras los pasos de los que están libres", garantizó.

Actualmente, Humala se encuentra en Lima en un calabozo de la Dirección contra el Terrorismo, donde puede permanecer, de acuerdo a la ley, hasta 15 días, mientras duren las investigaciones. Luego será trasladado a un penal de máxima seguridad si el juez así lo dispone.

El insurgente y sus seguidores, de acuerdo a una primera calificación penal de los sucesos de Andahuaylas, serían procesados por terrorismo, homicidio, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Delitos por los que podrían recibir una pena de hasta 35 años de prisión. El penalista Julio Rodríguez, sin embargo, considera que no se puede aplicar el delito de terrorismo sino el de sedición y rebelión, así como el de homicidio agravado por la muerte de los policías.

Entretanto, en el Congreso, se acordó invitar al primer ministro y a los ministros de Defensa e Interior. Así, el lunes, Carlos Ferrero, Roberto Chiabra y Javier Reátegui tendrán que explicar ante el pleno por qué las autoridades desecharon un informe del espionaje peruano que hacía mención a una reunión política en Andahuaylas del movimiento de Humala a finales de diciembre. También por qué no tomaron en cuenta los 188 reportes sobre las acciones de los etnocaceristas presentadas en su momento al ministro del Interior.

En todo caso, lo sucedido en Andahuaylas parece ser una muestra de lo que será 2005, año preelectoral en el país. Un periodo que se augura sumamente agitado política y socialmente.