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Editorial:

Prevaricadores

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al ex juez Luis Pascual Estevill por un delito continuado de prevaricación judicial en concurso con un delito de detención ilegal, uno de cohecho continuado en concurso con amenazas condicionales y un delito de alzamiento de bienes. En la misma sentencia condena al abogado Juan Piqué Vidal por delitos de prevaricación judicial continuada en concurso con uno de detención ilegal, cohecho continuado con delitos de amenazas condicionales y prevaricación de abogado. El simple enunciado de la tipificación penal de la conducta de estos dos personajes revela que no se trata de un mero caso, una rareza, sino de una ignominia persistente de enorme trascendencia social.

Las condenas a nueve y siete años de cárcel, la inhabilitación y las multas millonarias aplican sin tibieza el Código Penal. Pero lo más significativo no es la cuantía de las penas, sino que los servidores de la justicia la han defendido de quienes ensuciaron la toga en provecho propio. La sentencia demuestra que el Estado de derecho tiene mecanismos para defenderse de quienes intentan viciarlo. Junto al inevitable fraseo forense, el texto de la sentencia usa expresiones que cualquier ciudadano puede entender: "insidioso plan", "actuaron para amedrentar", "comunes propósitos criminales"...

La red de extorsión organizada por los dos condenados, con el auxilio de otros personajes de menor entidad en la trama, data de principios de los noventa. Sin embargo, no fue hasta 1996 cuando, a instancias de la fiscalía, se puso en marcha la investigación sobre sus manejos. Tanto tiempo de impunidad sólo puede explicarse por el miedo de sus víctimas y por la existencia de vigorosas protecciones.

Cuando el nombre de Estevill ya destilaba un aroma de corrupción, Convergència i Unió, entonces al frente de la Generalitat catalana, le colocó, con el voto del resto de partidos, como vocal del Consejo del Poder Judicial, irónicamente el órgano de gobierno de los jueces. En 1995 Estevill ya tenía una querella por prevaricación. ¿Por qué se aupó a este juez a un cargo que le permitía traficar con su aforamiento cuando empezó la cadena de tres juicios que han dibujado su trayectoria delictiva como juez y ciudadano? La propia sentencia critica que los poderes públicos no se movilizaran con la "premura e intensidad" necesarias.

Estevill aseguró ayer, tras pedir disculpas, que había sido consciente del alcance de su conducta y que acataba la sentencia porque creía en la justicia. Que tal arrepentimiento llegue cuando no se puede evitar la condena introduce dudas sobre el grado de convicción de quien ya tiene otra condena por delito fiscal. Uno de los empresarios cuya negativa a pagar el soborno le costó 25 días de cárcel, describió con una cruel metáfora la oficina que tenían organizada Estevill y Piqué: el que mordía era el juez y quien llevaba la cadena del perro y lo soltaba cuando quería era el abogado. Piqué, el abogado en cuestión, dijo en el juicio que creía en la justicia. Hoy, tras la sentencia, los ciudadanos sí tienen motivos para creer en ella.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de enero de 2005