La EMV vigilará la vivienda protegida para evitar fraudes

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, anunció que ayer empezaron a trabajar 20 inspectores para erradicar situaciones de fraude en las viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), desde la venta o subarriendo ilegales hasta la desocupación de los pisos.

Este servicio fue presentado por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 2 de septiembre, pero hasta ayer no se había puesto en marcha. Dispone de un presupuesto de 500.000 euros al año para detectar el fraude en el uso de las viviendas protegidas y, en su caso, iniciar el proceso de desahucio del adjudicatario.

Herráez explicó, en un desayuno de trabajo con los medios de comunicación: "En esto también somos pioneros", ya que la inspección no sólo buscará aquellos casos en los que la vivienda ha sido vendida o subarrendada ilegalmente, sino problemas de convivencia de los adjudicatarios con el resto de vecinos, falta de conservación del piso o el no haberlo ocupado una vez recibido.

Los inspectores -20 personas entre las que se cuentan abogados, técnicos y administrativos- visitarán al menos dos veces al año 14.500 viviendas protegidas, así como garajes y locales promovidos por el Ayuntamiento, en régimen de propiedad o de alquiler, bien a través de la EMV o en suelo público municipal.

Por otra parte, la EMV ha decidido aumentar a 20 los años en los que mantendrá el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas que adjudica -antes eran 10 años- para garantizar el "uso social de los fondos públicos", según Herráez.

Nuevo baremo

Así, si un adjudicatario pone a la venta una vivienda de promoción municipal en los 20 años posteriores a su adjudicación, el Consistorio puede comprarla por el precio inicial y ponerla de nuevo a la venta en condiciones de vivienda protegida, a un precio más bajo que el de mercado y para personas que reúnan los requisitos previstos en el baremo.

Además, Herráez informó de que los tres grupos municipales han consensuado un nuevo baremo de adjudicación de vivienda pública "más justo y con vocación de perdurar en el tiempo". Éste da prioridad a los menores de 35 años o mayores de 65, llevar más años empadronado, haber perdido la vivienda habitual por decisión judicial o administrativa, o por operaciones urbanísticas. También puntuará ser minusválido o víctima de violencia machista, así como tener ingresos familiares de entre 1,5 y 3 veces el salario mínimo interprofesional.

El Ayuntamiento pondrá en marcha el próximo lunes 10 de enero el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda, dentro de sus medidas para controlar y evitar el fraude. Sigfrido Herráez indicó que la nueva herramienta permitirá hacer un seguimiento personalizado y conocer la situación real del demandante de vivienda pública.