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ÚLTIMAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL AÑO

El Gobierno da marcha atrás y admite la cláusula de revisión en el salario mínimo

Los sindicatos UGT y CC OO dan por zanjado el desencuentro surgido en el diálogo social

El Gobierno esquivó ayer el primer encontronazo surgido en el proceso de diálogo social. El Consejo de Ministros decidió suscribir el documento que Trabajo tenía pactado hasta el martes con los sindicatos UGT y CC OO y con la patronal CEOE sobre el salario mínimo interprofesional. Ese texto fue retirado en la reunión del pasado miércoles por indicación del responsable de Economía, Pedro Solbes, que consideraba inflacionista la cláusula de revisión, y entendía que podía producir un efecto arrastre para los convenios colectivos.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, restaron ayer importancia a esa discrepancia. Caldera aseguró que él se había limitado a pedir "tiempo para analizar mejor el documento". De hecho, el titular de Trabajo propuso el miércoles el plazo de un mes para solventar ese obstáculo de la cláusula de revisión, aunque posteriormente se ha debido considerar una cuestión más urgente. El Gobierno ha reducido ese plazo a menos de 24 horas para dar marcha atrás.

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Intervención de Zapatero

La rectificación ha sido bien acogida por los sindicatos. En un comunicado conjunto, CC OO y UGT dan por "zanjado el desencuentro suscitado en la Comisión de Seguimiento del diálogo social" y reiteran su compromiso con los objetivos de la declaración del pasado día 8 de julio firmada con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Las dos centrales habían pedido la intervención de Zapatero para resolver el problema. A juicio de los sindicatos, la anulación de un pacto ya cerrado sentaba "un mal precedente" para cuando el diálogo social entre en cuestiones conflictivas, como la reforma del mercado laboral y el futuro de las pensiones. Y se corría el riesgo de "quebrar la confianza".

Esa vía de solución se inició en la misma mañana de ayer, mientras se celebraba el Consejo de Ministros. El Gobierno comunicó a los negociadores sindicales, Antonio Ferrer (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO), "su intención de proceder a suscribir el documento sobre criterios y orientaciones relativas al Salario Mínimo Interprofesional y al Indicador Público de Rentas durante el periodo 2005-2008", y adjuntó a esa comunicación el documento cerrado el pasado día 23 que fue ratificado por las ejecutivas de las dos centrales el martes pasado, con una modificación técnica que en opinión de ambas organizaciones "responde en su plenitud a los compromisos alcanzados durante la negociación". El texto añadido a instancias de Economía indica que en la cláusula de revisión "se tendrá en cuenta la situación económica del momento". A partir de esa decisión del Ejecutivo, los sindicatos consideran salvado el desencuentro. Caldera avanzó que en los próximos días mantendrá una nueva reunión con los agentes sociales para firmar el documento.

El salario mínimo interprofesional contará finalmente con cláusula de revisión, que se pondrá en marcha si la inflación real es superior al aumento aplicado en esa renta. Lo curioso es que la polémica cláusula difícilmente entrará en funcionamiento antes del año 2009 salvo que la inflación se dispare a cotas peligrosas.

Hasta entonces el SMI tendrá importantes incrementos para dar cumplimiento a la promesa electoral del PSOE de situarlo en 600 euros al mes al final de la legislatura. En 2005, según aprobó ayer el Gobierno, subirá un 4,5% y se situará en 513 euros al mes. Esa renta afecta a una cifra en torno a un millón de trabajadores.

Para cumplir esos compromisos, se reformará el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del salario mínimo interprofesional y para evitar que se produzcan pérdidas de su poder adquisitivo.

Crítica del PP

El Partido Popular afirmó ayer que la decisión del Gobierno de mantener la cláusula de revisión del salario mínimo que había decidido retirar el miércoles a instancias del vicepresidente económico, Pedro Solbes, es "la mejor demostración del Gobierno que tenemos", informa Pilar Marcos. Su secretario general, Ángel Acebes, criticó que el Ejecutivo "haya cambiado tres veces de criterio en tres días sobre el SMI". A su juicio, eso "demuestra que no hay dirección en la política económica, ni modelo, ni manda nadie, sino que hay diversos equipos económicos dentro del Gobierno que tienen criterios contradictorios".

Izquierda Unida, en cambio, mostró su satisfacción por la "rectificación" del consejo, y afirmó que confía en que esto sirva para facilitar de nuevo el diálogo social. En un comunicado, IU destaca que la presión de los sindicatos y de la oposición parlamentaria de la izquierda causó que el Ejecutivo rectificara su posición. IU censura la "descoordinación" y el cambio de posición del Gobierno, en un diálogo que requiere de "una plena confianza", y que no debería hacer necesaria la intervención del "propio presidente" para desbloquear el desencuentro previo.

El ministro Caldera, en su intervención tras el consejo.
El ministro Caldera, en su intervención tras el consejo.CRISTÓBAL MANUEL

Jubilación anticipada para los mariscadores

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que reduce la edad de jubilación de los mariscadores, pescadores de bajura y pequeños armadores, colectivos que cotizan en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

De acuerdo con la referencia del consejo, esta norma sustituye a la vigente desde 1970, que faculta al Gobierno para reducir la edad de jubilación a los trabajadores del mar, mediante la aplicación de unos coeficientes al tiempo de trabajo efectivamente realizado. El adelanto de la edad de jubilación se aplicará en una escala proporcional a los años cotizados.

La medida, negociada con los sindicatos y representantes de cofradías de pescadores y el Instituto Social de la Marina, afecta a 28.405 trabajadores por cuenta propia y ajena. La principal novedad es que por primera vez se reduce la edad de jubilación a mariscadores, percebeiros y recogedores de algas, así como a los pequeños armadores de barcos de hasta diez toneladas de registro bruto.

En total, 12.966 personas que "no se veían hasta ahora beneficiadas por ningún tipo de reducción en la edad de jubilación" y que ejercen un trabajo "excepcionalmente penoso, peligroso e insalubre".

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