El Consejo de Ministros aprueba el traslado de la sede de la CMT a Barcelona en 2005

El Consejo de Ministros aprobó ayer el polémico traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona a lo largo del año que viene, pese a la oposición de su presidente, Carlos Bustelo, del consejo del organismo y de sus trabajadores. El ministro de Industria, José Montilla, afirmó ayer que el traslado no mermará "la eficacia" ni la "objetividad e imparcialidad" de la CMT. Mientras, el consejo advirtió que la profesionalidad de sus empleados "no permite cambios drásticos en la organización".

El traslado de la sede de la CMT a Barcelona forma parte del acuerdo alcanzado en julio pasado entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, para iniciar la descentralización de órganos estatales. Esta iniciativa es una vieja reclamación emblemática del presidente catalán, que confía en que no será "la primera ni la última".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ahondó ayer en el discurso descentralizador del Ejecutivo al subrayar, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "España no empieza ni termina en Madrid" y que por ello "es bueno que los centros de decisión también estén en otras ciudades".

Tras conocer la decisión del Gobierno, el consejo de la CMT mostró su "respeto" por la misma, aunque advirtió que la profesionalidad de sus empleados y la complejidad del sector "no permiten cambios dráticos en la organización", sobre todo en un momento en que se acomete la implantación del nuevo marco regulador comunitario. En opinión de este organismo, "la peculiar actividad de la CMT le ha obligado a desarrollar capacidades únicas en su personal difícilmente sustituible, que le dota de un grado de profesionalidad sin el cual no podría realizar sus funciones".

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, quiso lanzar un mensaje tranquilizador al respecto, al insistir ayer, durante la rueda de prensa, en que "el traslado de un organismo regulador implica un cambio de sede, sin que por esto tenga que haber un menoscabo de las funciones que tiene encomendadas y no supone ninguna merma en la capacidad y eficacia que haya podido seguir ejerciendo desde su creación, y no tiene por qué afectar nada a su objetividad e imparcialidad".

Montilla añadió, que "en el caso de la CMT, además, no existe ninguna norma jurídica que estableza dónde debe residir el organismo regulador, dejando esta potestad al Gobierno, que es el que organiza la administración del Estado".

El real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros establece que será la propia CMT la que organice su traslado a lo largo del año que viene. Asimismo, se autoriza al Ministerio de Industria para dictar cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para el desarrollo y aplicación del real decreto.

Decisión polémica

El traslado de la CMT a Barcelona ha suscitado, desde su anuncio en julio, una polémica avivada por el rechazo de la plantilla del organismo -alrededor de 150 personas-, que se ha traducido en actos de protesta y en la marcha de algún técnico.

El consejo de la Comisión, el máximo órgano de poder del organismo, quiere, no obstante, máxima autonomía para llevar a cabo el traslado. Fuentes del consejo informaron en su momento que la oferta que lanzó en su día Maragall para ubicar la sede de la CMT en un edificio de la zona del Fórum rompe con la autonomía que concede la ley a su consejo para decidir libremente sobre aspectos como la contratación de personal o el alquiler e incluso la compra de inmuebles.

La CMT es el máximo organismo regulador del sector de las telecomunicaciones en España. Fue creada hace siete años tras la ruptura del monopolio de Telefónica y la aparición de la competencia. Entre sus funciones está el establecimiento y supervisión de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones, la resolución de los conflictos entre ellos y el fomento de la competencia en el mercado audiovisual. Aunque depende orgánicamente del Ministerio de Industria, su funcionamiento es independiente y, de hecho, se ha opuesto a decisiones adoptadas por el Ejecutivo. Tanto su presidente, en la actualidad Carlos Bustelo, como los miembros del consejo son elegidos por seis años por el Gobierno.