Residuos radiactivos
El Congreso ha solicitado al Gobierno que se construya un Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) para custodiar los residuos radiactivos de alta actividad, los que tienen una vida más larga, esencialmente las barras de combustible gastado por las centrales nucleares. De forma provisional, estos residuos se conservan en las mismas centrales, con los problemas que esta situación presenta, especialmente cuando las centrales vayan siendo desmanteladas. El acuerdo ahora tomado significa un giro en las previsiones a medio plazo e implica posponer la ubicación y construcción de un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), un silo subterráneo con condiciones adecuadas de estabilidad en el que se suponía que había que depositar los residuos durante miles de años.
En el corto plazo, la solución del ATC es considerada mejor por la mayoría de los expertos y ha sido sugerida por la Empresa Nacional de Residuos (Enresa). Permite esperar en condiciones de seguridad que se perfeccionen los procedimientos de neutralización de los residuos para hacerlos inocuos o de vida mucho más corta, al tiempo que mejora las condiciones de conservación y custodia respecto de la dispersa situación actual. El ATC será un almacenamiento en superficie que garantice la seguridad, cuyo diseño está ya avanzado y para el que existen precedentes en otros países europeos, que se han orientado también en esta dirección. El problema será ubicarlo, y ahí es donde el Gobierno y las empresas involucradas tendrán que proceder con inteligencia y generosidad, contando en esta ocasión con el apoyo unánime del Congreso.
La mayoría de las organizaciones ecologistas se oponen a cualquier tipo de actuación que implique mover los residuos y han criticado el acuerdo sobre el ATC. Pero parece que su animadversión forma parte de su campaña antinuclear. Si ello fuera así, se estaría supeditando un aumento en la seguridad de las instalaciones atómicas a los objetivos de dichas organizaciones. Los residuos existen y, mientras las centrales nucleares, que generan cerca de la tercera parte de la electricidad en España, sigan en operación, continuarán produciéndose. Y algo hay que hacer para extremar las garantías de control.
