El Gobierno avisa a las comunidades que si no pactan, el Congreso parará sus reformas

El Gobierno no interferirá en el debate sobre las reformas estatutarias al considerar que cada comunidad autónoma está en su derecho de hacer las propuestas que estime oportunas. Ahora bien, sí piensa advertir a las autonomías de que, si reforman sus estatutos de manera unilateral y contraria al sentir mayoritario, el Congreso de los Diputados lo rechazará. En enero próximo, una delegación del Gobierno central y del PSOE, encabezada por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla; el secretario de Organización socialista, José Blanco, y el responsable de Política Institucional del PSOE, Alfonso Perales, se reunirá con representantes del Ejecutivo catalán y del PSC para darles a conocer "los límites" de las reformas.

"El Gobierno no está dispuesto a ser expulsado de Cataluña ni de ningún otro territorio"

El Gobierno, aparentemente, no tiene posición sobre las reformas estatutarias que se están planteando, a juzgar por el silencio que guarda. Pero las fuentes gubernamentales consultadas precisan el significado de esta actitud. "Claro que tiene posición, pero de momento prefiere guardar silencio para no interferir en el debate", según las instrucciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Y en breve el Ejecutivo hará pública esa posición, sobre todo porque algunas de las propuestas del borrador de reforma del Estatuto catalán y de la propuesta de los socialistas vascos, o bien no encajan en el esquema que tiene el Gobierno de Zapatero o, aunque sí lo hicieran, el Ejecutivo central querría dialogar sobre ellas y negociarlas. Toda vez que se trata de pasar a una comunidad autónoma competencias que ahora son del Estado, se supone que "algo tendrá que opinar el Gobierno central", señalan estas fuentes.

Sin ánimo de " amenazar", las fuentes informantes añaden que si las comunidades autónomas no dialogan ahora y aprueban sus reformas de manera unilateral, se encontrarán con la situación de que han hecho un trabajo inútil porque el Congreso de los Diputados, cuando tenga que validar lo que ha hecho el Parlamento autonómico de que se trate, impedirá su entrada en vigor.

En enero próximo, una delegación del Gobierno central y del PSOE, encabezada por el ministro Jordi Sevilla, el secretario de Organización socialista, José Blanco, y el responsable de Política Institucional del PSOE, Alfonso Perales, se reunirá con representantes del Gobierno catalán y del PSC para darles a conocer "los límites" de La Moncloa a las reformas.

Si el Ejecutivo catalán propone atribuirse las competencias de la inmigración y de los aeropuertos, lo lógico es que dialogue con quien ahora tiene esas competencias: el Gobierno central. Éste es el ejemplo que pone un alto cargo gubernamental al explicar la necesidad política, pero también de sentido práctico, de que los Gobiernos y los Parlamentos autonómicos que están en plena tarea de revisión estatutaria no actúen de manera unilateral.

Ésta suerte de aviso para navegantes la lanzará el Gobierno, a través del ministro de Administraciones Públicas, en las próximas semanas. Primero, en reuniones discretas con representantes autonómicos, no sólo del Gobierno catalán sino de todos los que están en el proceso de reformas; y, en febrero, de forma pública.

El Gobierno no apremiará a los socialistas vascos, aunque sí les hará saber su posición. En este caso la posición de La Moncloa será más suave al entender que el PSE acaba de emprender su propio debate, que no culminará hasta marzo. Además, el resultado del mismo formará parte del programa electoral para las elecciones autonómicas vascas del mes de mayo. De entrada, al Gobierno central le ha parecido muy bien que los socialistas también estén en el debate político del País Vasco, que hasta ahora sólo se centraba en la propuesta de los nacionalistas: el plan Ibarretxe. Otra cosa es lo que se opine en La Moncloa del contenido de la reforma que plantea el PSE. Sobre la misma hay algunas objeciones, pero ya se abordarán, señalan en el Gobierno.

En breve el Gobierno si hará saber al Ejecutivo catalán y al PSC que algunas de sus propuestas para la reforma del Estatuto de Cataluña no son asumibles. Los problemas más importantes que aprecia el Ejecutivo central en el texto catalán se sitúan en las competencias y en la reforma sobre financiación. Las relaciones con "el Estado" y de Cataluña con la Unión Europea que establece el texto catalán habría que "limarlas", según el Ejecutivo central. "El Gobierno tiene la sensación respecto al Estatuto catalán de que se originaría la expulsión de la Administración central, bien por vía directa o por la del artículo 150.2 de la Constitución, a través de la cual la Administración delega competencias en las autonomías", señala un portavoz gubernamental. A este respecto, este portavoz asegura que el Gobierno central "no está dispuesto a ser expulsado de Cataluña ni de ningún otro territorio".

Esta preocupación es la que mueve al ministro de Administraciones Públicas, que además planteará a las autoridades catalanes la propuesta de que no hagan un Estatuto nuevo, sino que reformen el actual. "No podremos aceptar una propuesta que no cuente con un apoyo generalizado; y no sólo los votos necesarios, sino que aspiramos a que estas reformas sobrepasen numéricamente lo estrictamente exigible; es decir, queremos un consenso como el constitucional, que huyó de la imposición; y de momento la propuesta de Pasqual Maragall no alcanza ese acuerdo mayoritario", señala el ministro de Administraciones Públicas.

El Gobierno central podría estudiar que el Ejecutivo catalán recibiera la gestión de la inmigración como una cesión, pero sin que figure en el Estatuto como una competencia cedida para siempre. También sostiene la misma tesis sobre los aeropuertos. Ceder la gestión, pero no la competencia.