La denominación "comunidad nacional" agrada a Zapatero

"La denominación de comunidad nacional me parece una gran aportación de Francisco Rubio Llorente, muy interesante". Esta fue la opinión que expresó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en conversación informal el pasado jueves en el curso de la felicitación navideña del Gobierno a los medios de comunicación. En efecto, el presidente del Consejo de Estado hizo esta aportación que ha concitado aprecio en la mayoría de los socialistas, con algunas excepciones que ven en esa denominación reminiscencias de regímenes autoritarios. Aunque queda todavía terreno por recorrer, es muy probable, según los pronósticos de fuentes gubernamentales cercanas a Zapatero, que "comunidad nacional" acabe siendo la denominación que se den a sí mismos los catalanes en su Estatuto una vez reformado. Esa denominación también la han planteado los socialistas vascos para su comunidad y, de momento, también se ha expresado de manera favorable el secretario de Organización, José Blanco. Esa denominación evitaría poner "nación".

Bien es cierto que al presidente del Gobierno las denominaciones no parece que le inquieten demasiado, según expresó en esa reunión informal. Lo sustancial, a su juicio, está en las competencias, en las relaciones con el Gobierno central y en los mecanismos de cooperación y solidaridad entre regiones y comunidades.

Como en 1978

Pero todavía quedan muchas conversaciones y negociaciones ya que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirma que el artículo 2 de la Constitución no se toca, por lo que los cambios de denominación tendrían que figurar en el Estatuto de cada comunidad pero sin trasladar el resultado de la reforma a la Ley Fundamental. "No se puede pretender cambiar la Constitución a través de los Estatutos de Autonomía, y si alguien lo quiere así que lo proponga con claridad", señala el ministro.

El artículo 2 de la Constitución dice así: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Pero nada está escrito sobre cómo quedará definitivamente el debate territorial que pasa también necesariamente por la reforma del Senado. El Gobierno pretende llevar el método de trabajo de 1978, es decir, el que siguieron todas las fuerzas políticas para elaborar la Constitución. Cada paso tiene que alcanzar un consenso generalizado y desde el Gobierno se partirá de la petición de "un doble pacto": el Ejecutivo central con las comunidades autónomas y las autonomías con Madrid. "El Gobierno central reconoce que las autonomías son Estado y éstas respetan que el Estado es el garante de la unidad de España y la solidaridad", explican en La Moncloa.